La investigación judicial que intenta determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una lujosa propiedad en el partido de Pilar ingresó en una nueva etapa tras la decisión de dictar el secreto de sumario. La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, luego de un dictamen presentado por el fiscal Claudio Navas Rial.

El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se produjo tras una ampliación de la denuncia impulsada por la Coalición Cívica, lo que llevó al magistrado a restringir de manera temporaria el acceso al expediente. El secreto de sumario es una herramienta habitual en este tipo de causas, ya que permite avanzar con diligencias probatorias sin riesgo de entorpecimiento o filtraciones.

En ese marco, el martes por la noche la Justicia ordenó un allanamiento en un estudio contable ubicado en Lomas de Zamora. El procedimiento tuvo como objetivo el secuestro de documentación vinculada a una contadora relacionada con Luciano Pantano, uno de los titulares formales del inmueble investigado y señalado como presunto testaferro de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Medidas judiciales

Los principales imputados en la causa son Pantano y su madre, Ana Conte, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL. La firma figura como propietaria legal de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, así como de otras dos viviendas situadas en un barrio privado de la misma zona. Los acusados deberán justificar ante la Justicia cómo lograron adquirir bienes de alto valor económico.

Con el objetivo de garantizar el derecho a defensa, el juez Aguinsky reprogramó la citación a indagatoria para el próximo lunes 29 de diciembre. En un primer momento, el magistrado había otorgado un plazo de cinco días desde que asumió la competencia del expediente, pero luego resolvió modificar la fecha. Los imputados podrán presentar sus descargos de forma presencial o por escrito.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez cumplidas las indagatorias, el tribunal evaluará si corresponde dictar nuevas medidas de prueba. No se descarta que la investigación continúe incluso durante el receso de la feria judicial de enero, lo que podría implicar su levantamiento parcial para avanzar con el caso.

El foco de la investigación

La pesquisa apunta a determinar quiénes solventaban los gastos y el mantenimiento de las propiedades registradas a nombre de Real Central SRL. En el caso de los inmuebles ubicados en Ayres del Pilar, se detectó que las expensas se abonaban en efectivo en una sucursal bancaria, una modalidad que dificulta identificar al pagador real.

Además, los investigadores pusieron la lupa sobre una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón de la quinta. A partir del análisis de los dispositivos de Telepase, se comprobó que los peajes se abonaban con una única tarjeta de crédito, por lo que ahora se intenta establecer el origen de los fondos utilizados para cancelar esos consumos. También se investiga la existencia de un helipuerto activo dentro del predio y se solicitaron informes a empresas de servicios para reconstruir los movimientos asociados a las direcciones bajo sospecha.

El perfil económico de los imputados

Según consta en el expediente, Pantano figura inscripto como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Se desempeñó como presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Por su parte, Ana Conte es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

A pesar de ese perfil económico, la empresa Central Parks Drinks SRL —de la cual Pantano poseía el 50% de las acciones desde 2021— experimentó un giro significativo. El 16 de mayo de 2024 cambió su denominación a Real Central SRL y elevó su capital social de 300.000 pesos a 58 millones. En ese proceso, Pantano cedió su participación accionaria a su madre, que pasó a ser la socia mayoritaria. Dos semanas después, la firma concretó la compra del predio de más de 100 hectáreas donde se levanta la mansión.

La denuncia sostiene que esta estructura societaria habría sido utilizada como una “pantalla” para ocultar bienes de terceros y plantea la posible comisión del delito de lavado de activos. El caso se inició en el fuero federal, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos, la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de los imputados. Sin embargo, tras declararse incompetente, la Cámara Federal resolvió que el expediente continúe en el fuero penal económico, donde ahora avanza la investigación.