La Justicia federal confirmó los procesamientos de cuatro personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de datos de tarjetas de crédito a través de grupos cerrados de Telegram y WhatsApp, desde donde se facilitaban estafas reiteradas, compras fraudulentas y pagos de servicios con información ajena.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal porteña, que dejó a los imputados al borde del juicio oral por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y defraudación informática.

Cómo funcionaba la operatoria digital

Según la resolución judicial, los acusados administraban y participaban de canales de mensajería instantánea destinados exclusivamente al intercambio y comercialización de datos sensibles de tarjetas de crédito.

En uno de los grupos de Telegram, denominado “Apuntando a la cima”, se publicaban números completos de tarjetas presuntamente ajenas, acompañados por fecha de vencimiento y código de seguridad. Para verificar la vigencia y el saldo disponible, los integrantes realizaban suscripciones de prueba en plataformas como Netflix y HBO Max, una maniobra utilizada como test previo al uso pleno de los datos.

La Cámara detalló que en esos espacios virtuales también se compartían imágenes de productos comprados, comprobantes de pagos y mensajes de agradecimiento entre los participantes, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada y sostenida en el tiempo.

Grupos masivos y documentación personal

Otro de los canales detectados fue “1977 Marketplace”, que al momento de ser descubierto contaba con 3.758 integrantes activos. Allí se replicaban publicaciones similares vinculadas a tarjetas de crédito y productos adquiridos de manera fraudulenta.

En paralelo, los investigadores hallaron un grupo de WhatsApp conocido como “la mesa chica”, donde se compartían fotografías de documentos nacionales de identidad (DNI) pertenecientes a terceros, utilizados para completar maniobras de verificación o suplantación de identidad.

El rol clave de una “empleada infiel”

Uno de los elementos centrales de la causa fue la participación de una mujer señalada como empleada infiel. Quien habría aprovechado su trabajo en una empresa para extraer y suministrar información sensible de clientes.

De acuerdo con el fallo, la imputada aportaba direcciones de correo electrónico y datos personales, mientras que recibía números de tarjetas de crédito con sus respectivos códigos de seguridad y fechas de vencimiento, alimentando el circuito delictivo.

Las conversaciones incorporadas al expediente evidencian que la información obtenida desde el ámbito laboral era utilizada de manera sistemática para la comisión de estafas.

El origen de la investigación

La causa se inició en abril de 2023, a partir de la denuncia de una víctima que detectó consumos no autorizados al ingresar a su cuenta de homebanking. A partir de ese episodio, los investigadores reconstruyeron una serie de operaciones fraudulentas vinculadas a servicios de streaming, gimnasios, plataformas digitales y ticketeras de espectáculos.

El avance de la pesquisa permitió identificar patrones comunes y vincular múltiples hechos con los mismos imputados.

Pruebas técnicas y mensajes incriminantes

Durante la investigación se analizaron direcciones IP, registros de IMEI, líneas telefónicas, correos electrónicos y dispositivos electrónicos secuestrados en distintos allanamientos. Ese material permitió asociar las maniobras ilícitas con personas concretas y con un domicilio determinado.

Los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun destacaron que varios mensajes incorporados a la causa demostraron conocimiento de la ilegalidad de las conductas. En uno de ellos, un acusado alertó al resto del grupo: “Que onda, me cayó la gorra a mi casa”. Minutos después fue detenido cuando intentaba escapar por el balcón de su departamento.

Ventas ilegales y reventa de entradas

El expediente también acreditó que uno de los imputados se dedicaba a la venta de entradas para espectáculos musicales adquiridas con datos de tarjetas ajenas. Mientras que otros comercializaban directamente los números de tarjetas o productos comprados mediante ese mecanismo.

La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de María Servini. Además, de la intervención del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina. Y continúa de cara a una eventual elevación a juicio.