Miles de personas que realizaron tratamientos de reproducción asistida deben decidir qué hacer con los embriones criopreservados que no utilizaron. Las alternativas incluyen mantenerlos almacenados, donarlos a otras personas, destinarlos a investigaciones científicas o autorizar su descarte. La ausencia de una regulación específica deja buena parte de esas decisiones en manos de los pacientes, los centros de fertilidad y, en algunos casos, la Justicia.

La abogada especializada en derecho de familia Fátima Silva explicó que los tratamientos suelen generar varios embriones durante un mismo ciclo. Cuando el embarazo se consigue en los primeros intentos o la familia decide no tener más hijos, los restantes permanecen conservados en las clínicas. A la carga emocional se suman los costos de almacenamiento y la falta de criterios uniformes sobre su destino.

Según los datos mencionados por la especialista, alrededor de la mitad de los pacientes opta inicialmente por conservar los embriones. Una parte continúa pagando el mantenimiento anual, mientras otros deciden cederlos para investigación o donarlos con fines reproductivos. El almacenamiento tiene un costo estimado de US$200 por año, aunque el valor puede variar según el centro.

Donación, conservación y descarte

La donación de embriones permite que otras personas puedan intentar un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida. Silva aclaró que no se trata de una compraventa y que los embriones no pueden ser comercializados. Sin embargo, la falta de una normativa específica genera dudas sobre los procedimientos, los consentimientos necesarios y los derechos de todas las personas involucradas.

Los centros de fertilidad suelen solicitar a los titulares que expresen por escrito qué destino desean darles. De acuerdo con la abogada, algunas instituciones establecen plazos para renovar el consentimiento o continuar abonando la conservación. Cuando los pacientes dejan de responder o interrumpen los pagos, puede quedar abierta la discusión sobre si corresponde mantener, donar o descartar el material.

Silva señaló que la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo modificó la interpretación de algunos centros sobre el descarte. Esa evaluación pertenece a la especialista y no existe una regla única que obligue a todas las instituciones a actuar de la misma manera. Las clínicas aplican protocolos propios dentro del marco general de la reproducción médicamente asistida y de los consentimientos firmados por los pacientes.

Diferencias en los tribunales

La falta de una ley también produjo decisiones judiciales distintas. Algunos jueces admitieron pedidos vinculados con la transferencia o adopción de embriones, mientras otros rechazaron esas solicitudes por considerar que no existe una figura jurídica claramente regulada. La discusión incluye posiciones diferentes sobre el inicio de la vida y el estatus legal del embrión antes de su implantación.

Muchas familias recurren a medidas cautelares para obtener autorización judicial ante situaciones no contempladas de manera expresa. Los fallos suelen depender de las circunstancias de cada expediente, los consentimientos previos y la posición de las personas que participaron del tratamiento. Esa diversidad de criterios incrementa la incertidumbre tanto para los pacientes como para los profesionales.

La especialista diferenció la donación de embriones de la gestación por sustitución, aunque ambas prácticas comparten interrogantes sobre filiación, consentimiento e identidad. En otros países existen bancos específicos para conservar y asignar embriones donados. En la Argentina, permanecen almacenados principalmente en los propios centros de fertilidad.

El derecho a conocer el origen genético

Otro punto de debate es la información que podrán recibir los niños nacidos mediante embriones donados. Silva advirtió que los receptores no siempre acceden al historial genético completo de los donantes, a diferencia de lo que ocurre en algunos programas de donación de óvulos o esperma. Esa ausencia puede dificultar el conocimiento de antecedentes médicos familiares y de posibles vínculos biológicos.

La falta de datos también plantea interrogantes sobre el derecho a la identidad. Sin una regulación que establezca qué información debe conservarse, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones puede solicitarse, cada institución puede aplicar procedimientos diferentes. Los especialistas reclaman un sistema que proteja la confidencialidad sin impedir el acceso futuro a información relevante.

Silva recomendó a las personas que tengan embriones criopreservados consultar directamente con el centro donde realizaron el tratamiento. La revisión de los consentimientos firmados y del estado actual del almacenamiento permite conocer qué opciones están disponibles. También puede ser necesario recurrir a asesoramiento médico y jurídico antes de tomar una decisión definitiva.

La regulación de los embriones congelados permanece pendiente desde la sanción del Código Civil y Comercial en 2015. Para la especialista, una ley debería definir los mecanismos de conservación, donación, investigación y descarte, además de proteger los derechos de los niños nacidos mediante estas técnicas. Hasta que exista un marco específico, las respuestas continuarán dependiendo de acuerdos privados, protocolos médicos y decisiones judiciales.