El gobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció en contra de una eventual transferencia de responsabilidades en el mantenimiento de rutas nacionales a la provincias por parte de Nación. El análisis del mandatario se enmarca en la posible disolución de Vialidad Nacional y el potencial traspaso de las obligaciones a cada jurisdicción. La propuesta ejerce presión a los provincias ante un plan alternativo para la privatización de dichas rutas.

“La Nación evidentemente tiene decisiones tomadas y hay una propuesta firme de desarticular reparticiones, en concreto, desarmar a Vialidad de la Nación, lo que va a impactar directamente en el mantenimiento de las rutas nacionales. Hay provincias que están aceptando. Tucumán no va a aceptar, porque primero tenemos que mantener nuestras rutas provinciales y recuperar las secundarias y terciarias, que son de ripio, y hay que hacerles mantenimiento permanentemente”, explicó el mandatario. En ese sentido, remarcó que la Provincia ayudará en la reparación de las rutas nacionales, pero no se hará cargo de su totalidad. “Tucumán tiene 600 kilómetros de rutas nacionales y la provincia no las puede recibir. Vamos a acompañar la decisión que tome la Nación, pero la transferencia a la provincia no va a ser posible”, afirmó Jaldo.

La propuesta de Nación

La propuesta del Gobierno nacional de transferir la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales a cada provincia despertó todo tipo de debates y críticas. La medida responde al plan general de reforma de la obra pública del Estado, que busca de una significativa reducción del gasto. A través de esta transferencia, el Gobierno central busca quitarse responsabilidades y avanzar en paralelo hacia un sistema de privatización de la red vial.

La red de rutas nacionales en Argentina supera los 40.000 kilómetros dentro de la enorme infraestructura vial argentina. No obstante, se estima que cerca del 60% de esta red presenta un estado regular o malo. Históricamente, el mantenimiento dependió de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), para lo cual se destina un importante presupuesto. Aún así, siempre se ha considerado suficiente y los resultados no son los esperados, configurando una grave problema en el mantenimiento de las vías y por consiguiente en la eficiencia en el trasporte. En ese sentido, un posible transferencia amplía las dudas respecto a la responsabilidad financiera, ya que muchas provincias no pueden mantener sus propias redes.

Según el Ejecutivo nacional, la medida representaría una reducción del gasto público estimado de 6.100 millones de dólares. Por otro lado, aseguran que sumaría eficiencia y adaptación local en la gestión por parte de las provincias, al estar más cerca de las necesidades regionales. Esto habilitaría entre otras cosas, la posibilidad de que cada jurisdicción genere recursos propios a través de peajes u otras fuentes de financiamiento. Aún así, el objetivo central de la administración libertaria se centra en la privatización como un modo de asegurar la inversión en estas obras.