La actitud del Gobierno frente a las protestas por las desvinculaciones en el sector estatal generó una marcada controversia. Patricia Bullrich, al inicio de su gestión en el Ministerio de Seguridad, se centró en políticas contra los cortes de calles, pero su enfoque cambió hacia el combate del narcotráfico. Este cambio de rumbo coincidió con el surgimiento de las protestas de trabajadores estatales en varios edificios públicos en todo el país.

Aunque se desplegaron policías en los lugares de protesta, se evitó generar conflictos directos alrededor de los cesanteados. La estrategia del Gobierno fue bajar el volumen de las protestas para evitar confrontaciones y no dar visibilidad excesiva a los gremios, evitando así que se «victimicen». A pesar de la relativa independencia de Bullrich en su accionar, esta estrategia no es espontánea ni exclusiva de ella. Sino que responde a un cálculo político del Gobierno.

Se ha notado una relativa indiferencia en las respuestas del Gobierno ante las demandas de los trabajadores estatales. Las declaraciones públicas, como las de Manuel Adorni mencionando consecuencias para quienes estén fuera de la ley, han sido someras y no han abordado de manera directa las preocupaciones de los manifestantes.

El Gobierno también fue cauteloso para evitar situaciones de violencia en las calles durante las protestas. Aunque se colocaron efectivos policiales en los lugares de manifestación, se logró que las asambleas se mantuvieran controladas y sin escaladas. Hubo ciertas críticas de la oposición, pero no se ha planeado reemplazar a funcionarios responsables de la situación. En este contexto, los trabajadores estatales evalúan sus próximos pasos y esperan un mayor compromiso por parte de los líderes sindicales.