El funcionamiento de organismos públicos representa un gasto significativo para el Estado. Solo en 2024, el Gobierno nacional destinó más de $25.600 millones al pago de alquileres de inmuebles, lo que equivale a unos $2.583 millones mensuales. El dato surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, remitió esta semana a la Cámara de Diputados.

Según el relevamiento oficial, actualmente 52 dependencias del Poder Ejecutivo Nacional funcionan en edificios alquilados. Los contratos tienen una duración de entre tres y cinco años, y son gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Quiénes lideran el gasto en alquileres

Durante el año pasado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encabezó la lista con $478 millones desembolsados. Le siguieron ANSES con $247 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud con $234 millones, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con $198 millones, la Secretaría de Obras Públicas con $165 millones, y la Junta de Seguridad del Transporte con $150 millones.

Ya en 2025, ARCA volvió a liderar el ranking de gastos, con $789 millones abonados en marzo para el alquiler de sus dependencias. Ese mismo mes, la entidad anunció el cierre de 81 oficinas como parte de un proceso de reorganización. Por su parte, el PAMI alcanzó un desembolso mensual de $769 millones, seguido por ANSES con $233 millones.

En conjunto, estas tres instituciones concentran una erogación anual estimada en más de $21.000 millones, debido a la extensa red de oficinas de atención que poseen en todo el país.

Los alquileres más costosos

El PAMI es uno de los organismos con mayor presencia territorial. Cuenta con 558 dependencias alquiladas distribuidas en las 24 provincias. La regional Mar del Plata es la que más oficinas posee (28), seguida por Córdoba (27), Mendoza y Chivilcoy (23 cada una), y Bahía Blanca (22).

Sin embargo, los contratos más onerosos corresponden a sus sedes centrales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dirección ejecutiva y las gerencias, ubicadas en Corrientes 635 y Lavalle 658 respectivamente, implican un gasto de $106 millones mensuales. A esto se suman otras sedes, como la de Bartolomé Mitre 402, por $65 millones, y la de Perú 169, por $45 millones.

Plan de recorte y reubicación

El elevado costo en alquileres fue advertido por la actual gestión nacional, que impulsa una estrategia de reducción del gasto público para sostener el equilibrio fiscal. En ese marco, durante el primer trimestre de 2025 se decidió no renovar 21 contratos, lo que generó un ahorro de $30,2 millones.

Desde Jefatura de Gabinete explicaron que se está implementando un plan para optimizar la localización de oficinas, eliminar gastos innecesarios y reutilizar inmuebles propios del Estado Nacional que se encuentren ociosos, desocupados o sin un destino definido.

La AABE, encargada de administrar el patrimonio estatal, informó que se encuentra en curso un proceso de análisis y relocalización de organismos en edificios estatales disponibles. La medida apunta a reducir paulatinamente la dependencia de inmuebles alquilados, sin afectar el funcionamiento operativo de los organismos.