La disputa por el armado de la comisión especial que investigará al presidente Javier Milei por su presunta participación en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA escaló este viernes a un nuevo nivel de tensión política. A horas del cierre del plazo para definir a sus integrantes, bancadas opositoras anticiparon que podrían forzar una nueva sesión en Diputados con el objetivo de anular lo que consideran una “maniobra fraudulenta” del oficialismo y sus aliados para neutralizar la comisión.

El viernes a las 20 vence el plazo para que cada bloque presente formalmente a los diputados que ocuparán los 26 lugares previstos. En principio, eran 24, pero La Libertad Avanza (LLA) y el PRO reconfiguraron interbloques a último momento para sumar un integrante más por fuerza, con el objetivo de controlar la mayoría.

Una estrategia parlamentaria que busca frenar la investigación

Con el reloj corriendo, varios espacios de la oposición, entre ellos el bloque de Miguel Ángel Pichetto y el sector referenciado en Martín Lousteau y Facundo Manes, denuncian que la jugada es ilegal e ilegítima. Planean convocar una nueva sesión para el 22 de abril —un día antes de la constitución formal de la comisión— con la intención de votar una moción interpretativa que devuelva el cuerpo a su composición original: 24 miembros.

“El oficialismo y el PRO están haciendo trampa para asegurarse el control de una comisión que no quieren que funcione. Votaron en contra de su creación y ahora maniobran para vaciarla desde adentro”, señaló un legislador de Democracia para Siempre. El bloque presentó además impugnaciones formales contra los cuartos miembros propuestos por ambos espacios, al considerar que sólo les corresponden tres bancas.

Corte Suprema y el caso del Consejo de la Magistratura

La estrategia opositora apunta a utilizar el fallo de la Corte Suprema que anuló la maniobra del kirchnerismo para quedarse con dos sillas del Consejo de la Magistratura en el Senado. Según argumentan, la interpretación reglamentaria debe basarse en la conformación de los bloques al momento de la aprobación de la resolución, y no en alianzas posteriores diseñadas para modificar el reparto.

En paralelo, el bloque de Pichetto envió una carta formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtiendo sobre las consecuencias institucionales de habilitar este tipo de maniobras. “Exigimos que se respete la composición original y que no se legitimen acciones que buscan obstruir una investigación ya votada”, señala el texto.

Quiénes integrarán la comisión

Hasta el momento, los bloques que ya designaron a sus representantes son:

  • PRO: Cristian Ritondo, Silvana Giudice, Oscar Zago y Martín Maquieyra
  • UCR: Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri
  • Hacemos Coalición Federal (Pichetto): Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño
  • Democracia para Siempre: Fernando Carbajal y Danya Tavela
  • Coalición Cívica: Mónica Frade y Maximiliano Ferraro
  • Frente de Izquierda: Christian Castillo

Restan los nombres de Unión por la Patria, La Libertad Avanza e Innovación Federal, que aún no oficializaron sus designaciones.

Un clima cada vez más enrarecido

Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque Germán Martínez calificó la situación como una “trampa parlamentaria para impedir que se investigue a Milei y su gobierno por la cripto estafa”. En sus redes sociales anticipó que su bancada “hará todo lo necesario para que la comisión se constituya, funcione y llegue a la verdad”.

La normativa que dio origen a la comisión establece un criterio proporcional de integración: un representante por bloque de 5 miembros, dos para bloques entre 6 y 19 integrantes, y tres para aquellos con entre 30 y 39 diputados. Pero LLA y el PRO maniobraron para ampliar sus bancas: los libertarios se aliaron con la tucumana Paula Omodeo y sumaron 40 miembros, mientras el PRO selló una alianza con el MID y el fueguino Ricardo Garramuño, alcanzando los 41.

Así, la comisión pasó de 24 a 26 miembros, con dos bancas adicionales que podrían bloquear decisiones clave. La oposición ya prepara la batalla parlamentaria para intentar revertir esa maniobra en el recinto.