La Justicia de Chubut intervino el equipo técnico que otorgó la tenencia en el caso de Ángel López, niño de Comodoro Rivadavia y ordenó una auditoría tras el avance de la investigación por presunto homicidio. La medida fue dispuesta este martes por el Superior Tribunal de Justicia, que resolvió avanzar sobre el funcionamiento del equipo interdisciplinario judicial que había avalado la custodia del menor a su madre biológica, Mariela Altamirano. La decisión se da en medio de la conmoción por la muerte del pequeño de cuatro años.

El máximo tribunal designó a la camarista María Marta Nieto para llevar adelante una auditoría integral que tendrá un plazo de 60 días. El objetivo es revisar el accionar del equipo que asiste a los juzgados de Familia y determinar si hubo irregularidades en el proceso que derivó en la tenencia.

El documento lleva la firma de los seis ministros del STJ y establece que la intervención estará bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones de la circunscripción, con colaboración técnica de la coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Valentina Kresteff, y de la funcionaria Gisela Ochoa.

En los fundamentos, el tribunal hizo referencia al “lamentable acontecimiento” ocurrido en Comodoro Rivadavia, en alusión directa al caso que generó impacto a nivel nacional y abrió cuestionamientos sobre las decisiones judiciales previas.

En paralelo, este martes se desarrolló la audiencia de imputación en los tribunales penales del barrio Roca. La Justicia acusó a Mariela Altamirano y a su pareja, Maicol González, como coautores del delito de homicidio agravado por el vínculo.

Además, el juez interviniente dictó prisión preventiva por seis meses para ambos, al considerar que existen riesgos procesales como la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Durante la audiencia, Altamirano no declaró y se mantuvo en silencio, mientras que González negó los hechos y aseguró: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.

Con estas medidas, la causa suma un nuevo capítulo clave, con el foco puesto tanto en las responsabilidades penales como en las decisiones judiciales que precedieron al desenlace.