En el día de hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia que expulse de Argentina a aquellos extranjeros sin residencia en el país que cometan delitos. La toma de tierras en La Matanza, provincia de Buenos Aires tuvo participación de extranjeros. La misma dejó un saldo de cinco muertos y una decena de heridos. El grave hecho reavivó la discusión sobre la política migratoria y de seguridad en el país. La funcionaria cuestionó el accionar de la justicia e insistió en la expulsión de quienes delinquen.

Durante una entrevista en radio Mitre, Bullrich señaló que “en caso de haber personas que usurpan terrenos, que son extranjeros, que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”. La titular de la cartera de Seguridad sostiene que las personas que cometan delitos graves, como usurpación o violencia, deben ser expulsados del país de forma permanente. “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, señaló.

Pedido de la Ciudad de Buenos Aires

No es la primera vez que Bullrich pide públicamente la expulsión de criminales. Tampoco es la única funcionaria en solicitarlo. Esta demanda la planteó recientemente la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, resaltaron la necesidad de instaurar nuevamente la política de seguridad establecida por el expresidente Mauricio Macri. Los funcionarios señalaron que existe la necesidad de acelerar los procesos de extradición de personas que cometen delitos.

En el 2017, bajo el gobierno de Macri y con Bullrich como ministra de seguridad, se firmó el Decreto 70. Este modificó la Ley de Migraciones con el objeto de establecer un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”. La normativa permitía negar el ingreso a aquellas personas con antecedentes criminales y expulsar de manera más ágil a delincuentes extranjeros. No obstante, la administración de Alberto Fernandez derogó el decreto en 2021. Entre los argumentos de su derogación, el gobierno anterior esgrimió que la norma había modificado aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones que eran inconciliables con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.