La Justicia de Menores resolvió que el adolescente de 17 años que ingresó armado a la Escuela Secundaria El Salvador permanecerá alojado durante 59 días en el dispositivo socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz. Esto se dará mientras avanza la investigación para determinar no sólo la gravedad del hecho sino también las causas que lo llevaron a presentarse con un revólver y municiones en el establecimiento.

La medida fue dispuesta tras una audiencia cargada de tensión, en la que el joven y sus padres rompieron en llanto al escuchar la resolución. La auxiliar de fiscal Jimena Castro, por instrucciones del fiscal Mariano Fernández, lo imputó por portación de arma de guerra en perjuicio de la seguridad pública y solicitó el alojamiento preventivo al considerar que aún restan pruebas clave y existe riesgo procesal. Según detalló, el martes cerca de las 14 el menor ingresó a la escuela con un revólver calibre 38 y seis cartuchos en su mochila, sin contar con autorización legal.

El caso se descubrió cuando un compañero advirtió que se le cayeron las municiones al adolescente mientras manipulaba un objeto en el aula, lo que activó la intervención de las autoridades escolares y el posterior accionar policial. Las pericias confirmaron que el arma estaba en condiciones de uso, lo que elevó la preocupación sobre el alcance potencial del episodio.

Más allá del encuadre penal, el expediente abrió una línea de análisis más profunda sobre el contexto del joven. No tiene antecedentes ni registros de consumo problemático, pero los informes sociales marcaron señales de alerta vinculadas a su historia personal. Trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut y es padre de un bebé de 10 meses, al que ayuda a mantener, lo que fue interpretado por los especialistas como un caso de adultización temprana.

El relevamiento también indicó que vive con su familia en el barrio Autopista Sur, en un hogar donde todos los adultos trabajan y no existen antecedentes delictivos. Sin embargo, los profesionales advirtieron que las responsabilidades asumidas desde muy chico y ciertas conductas observadas en las entrevistas justifican una intervención en salud mental para comprender su situación emocional y conductual.

En paralelo, la investigación busca esclarecer el origen del arma y el motivo por el cual la llevó a la escuela. El adolescente sostuvo en una primera versión que no era suya y que la llevó para mostrarla, mientras que su padre habría declarado que el revólver pertenecía a un tercero que se lo dejó para cuidado, lo que podría derivar en nuevas responsabilidades penales.

También surgieron indicios de posibles conflictos previos en el ámbito escolar, incluyendo una presunta amenaza a una docente, dato que ahora intenta ser verificado por la fiscalía para establecer si existieron señales de advertencia antes del hecho.

La jueza Elizabeth Raddi dejó en claro que la medida no responde únicamente a un criterio punitivo, sino a la necesidad de evaluar integralmente al adolescente. En esta etapa, el objetivo es contar con un diagnóstico preciso sobre su entorno, su estado emocional y su conducta antes de definir cómo continuará el proceso judicial.

El caso expone no sólo un hecho grave dentro de una escuela, sino también la historia de un joven atravesado por responsabilidades tempranas y un contexto social complejo. La investigación ahora buscará determinar si esos factores permiten explicar por qué tomó la decisión de asistir armado a clases.