El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó haber cometido irregularidades en el manejo de aportes y tributos vinculados a la entidad. El dirigente fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por unos 19.000 millones de pesos. En su descargo, sostuvo que ni él ni la AFA incurrieron en conductas ilegales y solicitó ser sobreseído.

El escrito fue presentado ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien lleva adelante la investigación. Tapia argumentó que no tiene intervención directa en las decisiones tributarias de la institución y que su rol dentro de la AFA es principalmente institucional. Además, pidió que se aplique la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que considera más favorable para su situación procesal.

El pedido para aplicar la Ley de Inocencia Fiscal

El dirigente coincidió con el planteo presentado previamente por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien también solicitó la aplicación de la Ley 27.799. Según Tapia, la normativa establece criterios que impedirían continuar con el proceso judicial en las condiciones actuales. Por ese motivo, pidió que la causa se cierre de manera inmediata.

En su descargo sostuvo que la acusación carece de sustento jurídico. “Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos”, afirmó en el documento presentado ante el tribunal. También aseguró que nunca tuvo intervención personal en las decisiones que hoy se investigan.

Tapia sostuvo que no tiene control sobre la operatoria tributaria

El presidente de la AFA explicó que la estructura administrativa de la entidad delega las cuestiones fiscales en áreas específicas. En ese sentido, señaló que el titular de la institución no participa en la gestión cotidiana de los asuntos tributarios. Según su argumento, la dimensión de la organización hace imposible que el presidente supervise todos los procesos internos.

Tapia también describió su función como principalmente protocolar e institucional, vinculada a la representación del fútbol argentino a nivel nacional e internacional. En ese marco mencionó que gran parte de su agenda se desarrolla en viajes al exterior. Por lo tanto, sostuvo que no interviene en la operatoria administrativa diaria de la entidad.

Críticas a la difusión mediática del caso

El dirigente también cuestionó la cobertura mediática que tuvo la investigación en los últimos meses. En su escrito afirmó que el caso recibió una exposición pública desproporcionada. Incluso comparó la cantidad de menciones en medios con la cobertura de conflictos internacionales.

Según Tapia, la difusión del expediente estuvo acompañada por valoraciones anticipadas que perjudican su derecho a la defensa. El dirigente consideró que la exposición pública del caso responde a intereses ajenos al proceso judicial. Por esa razón pidió que el análisis se limite exclusivamente al ámbito jurídico.

El cuestionamiento al accionar de ARCA

Otro de los ejes del descargo apuntó contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que impulsó la denuncia y actúa como querellante en la causa. Tapia sostuvo que el ente recaudador tuvo un accionar “contradictorio y oscuro” durante el proceso. Según su defensa, la denuncia omitió información relevante que podría haber cambiado la interpretación del caso.

El dirigente mencionó particularmente una resolución del Ministerio de Economía que, según su versión, permitía el esquema de pagos cuestionado. De acuerdo con su planteo, la AFA actuó dentro de un marco legal que habilitaba ese tipo de procedimientos. Por lo tanto, consideró que no existió una conducta antijurídica.

El argumento sobre la inexistencia de perjuicio fiscal

Tapia también afirmó que las obligaciones tributarias fueron finalmente regularizadas. Según su defensa, los pagos pendientes se realizaron junto con los intereses correspondientes, lo que demostraría que no hubo perjuicio fiscal consolidado para el Estado. Este punto es uno de los argumentos centrales del planteo presentado ante el tribunal.

En el escrito se sostiene que la AFA nunca ocultó las obligaciones fiscales investigadas. Por el contrario, la entidad habría presentado las declaraciones juradas correspondientes sin distorsiones ni omisiones. De acuerdo con este razonamiento, el conflicto se limita a una diferencia en la interpretación administrativa de los plazos de pago.

Las pruebas solicitadas por la defensa

Además de su descargo, el abogado Luis Charro, representante legal de Tapia, solicitó nuevas medidas de prueba. Entre ellas pidió que ARCA informe si los pagos realizados incluyeron intereses resarcitorios vinculados a las obligaciones investigadas. También solicitó que se determine si el presidente de la AFA tuvo algún rol en la generación de los documentos tributarios cuestionados.

El objetivo de estas medidas es aclarar la responsabilidad administrativa dentro de la institución. La defensa sostiene que Tapia no figura como responsable directo en los procesos técnicos de declaración y pago de tributos. Según su planteo, esa circunstancia debería excluirlo de cualquier responsabilidad penal.

La decisión judicial que se espera

Concluida la ronda de declaraciones indagatorias, el juez Amarante cuenta ahora con diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados. En ese plazo deberá decidir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito para Tapia y otros integrantes de la comisión directiva de la AFA.

Además, el próximo 18 de marzo se realizará una audiencia en la Cámara en lo Penal Económico. Allí se analizará un planteo de inexistencia de delito presentado por las defensas. Esa instancia podría resultar determinante para el futuro del expediente judicial.