Hoy por la tarde se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la Liga de Gobernadores y el presidente Alberto Fernández. Al finalizar, los 14 mandatarios provinciales junto al Jefe de Estado firmaron un documento titulado: “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.

Tal como adelanta el encabezado, Nación advierte que la orden judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer, no es posible de cumplir, ya que no disponen del capital. La medida cautelar establece que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un 2,95% de los fondos coparticipables.

Además, el tribunal máximo, dispuso que los pagos sean “diarios y automáticos” por parte del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, el envío de los fondos se debe dar de forma inmediata.

Entre los argumentos brindados por el Poder Ejecutivo nacional, la orden judicial no es posible de cumplir, puesto que “no están los fondos”. A su vez, sostienen que para poder acatar la cautelar, el país “debería endeudarse”, acción que no está permitida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En esa línea, otra de las justificaciones es que la Ley de Cautelares, establece que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o, de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.

El comunicado lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de los gobernadores Osvaldo Jaldo; Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gustavo Bordet, de Santa Fe; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán de Formosa; Sergio Zilotto de La Pampa; Mariano Arcioni de Chubut; Sergio Uñac de San Juan; Raúl Jalil de Catamarca; Ricardo Quintela de La Rioja; y Jorge Capitanich, de Chaco.

Al respecto, el mandatario tucumano escribió en su cuenta de Twitter que “Como Gobernador y tucumano siempre voy a defender los recursos que por ley le corresponden a la provincia de Tucumán”.

El comunicado completo

En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también que, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.