España pondrá en marcha a partir de abril un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. La medida, impulsada por el Gobierno tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, podría beneficiar a cerca de medio millón de personas y estará vigente hasta el 30 de junio, con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de quienes ya residen en el país.

A quiénes está dirigida la regularización

El proceso apunta principalmente a personas extranjeras que se encuentren en España en situación irregular y que puedan acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses previos a la solicitud. Además, deberán haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025.

La permanencia podrá demostrarse mediante documentación pública o privada, lo que amplía las posibilidades de acceso. Entre los requisitos centrales establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, figura no contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.

Según estimaciones del centro de análisis Funcas, en España viven actualmente unas 840.000 personas en situación administrativa irregular, lo que representa más del 17% de los extranjeros extracomunitarios. La nueva regularización cubriría solo una parte de ese universo.

Qué tipo de permiso se otorga

Las personas que accedan al proceso recibirán una autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio español y para cualquier sector de actividad. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año, tras lo cual los beneficiarios podrán incorporarse a los mecanismos ordinarios previstos en el Reglamento de Extranjería.

Desde el Gobierno señalan que este esquema busca favorecer una integración progresiva y estable, permitiendo a los migrantes avanzar hacia situaciones administrativas más duraderas.

Impacto en la unidad familiar

Uno de los puntos destacados del proceso es la protección de la unidad familiar. La regularización contempla que los hijos e hijas menores que ya se encuentren en España puedan acceder simultáneamente a la residencia legal.

En estos casos, la autorización tendrá una vigencia de cinco años, una medida que, según fuentes oficiales, apunta a garantizar estabilidad y evitar situaciones de vulnerabilidad o desamparo de menores.

Plazos y tiempos de resolución

El plazo de tramitación de las solicitudes será de hasta tres meses. Sin embargo, una vez admitida la solicitud —instancia que deberá resolverse en un máximo de 15 días—, la persona solicitante podrá comenzar a trabajar de manera inmediata.

Este punto es clave para el Ejecutivo, que busca reducir la economía informal y la explotación laboral, facilitando el acceso rápido al empleo registrado y a la cotización en la Seguridad Social.

Las solicitudes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio de 2026, una vez completados los trámites administrativos del Real Decreto que regula el proceso.

Un antecedente recurrente en la política migratoria española

Esta será la séptima regularización extraordinaria aplicada en España desde 1986. A lo largo de las últimas décadas, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular recurrieron a este mecanismo para responder al crecimiento de la migración irregular.

La más amplia se produjo en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600.000 personas accedieron a la residencia legal. Antes, ya se habían llevado adelante procesos similares en 1986, 1991-1992, 1996, 2000 y 2001.

Desde el actual Ejecutivo sostienen que la nueva regularización se inscribe en una política migratoria basada en derechos humanos, integración y cohesión social, y que también aporta mayor seguridad jurídica al mercado laboral y a las empresas.