La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela empieza a tener efectos concretos en el Caribe. Mientras algunos gobiernos de la región expresan preocupación por una posible militarización que altere su histórica condición de “zona de paz”, otros países caribeños comenzaron a colaborar activamente con Washington, ya sea alojando tropas, habilitando bases o evaluando pedidos estratégicos de infraestructura militar.

La situación se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara un bloqueo total a los buques petroleros vinculados a Venezuela y calificara al gobierno de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”. En ese contexto, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe, con operaciones navales, aéreas y de inteligencia.

Una región atravesada por la presión geopolítica

Desde agosto, Washington incrementó de forma sostenida el despliegue de fuerzas y activos militares en el Caribe y el Pacífico oriental. Según el gobierno estadounidense, el objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo, aunque no se difundieron pruebas públicas que respalden algunas de las acciones más recientes.

Varios gobiernos caribeños dependen de la cooperación con Estados Unidos para enfrentar el tráfico de drogas y armas, pero temen que una escalada militar afecte al turismo, la estabilidad económica y la seguridad regional. A pesar de esas reservas, algunos países decidieron avanzar con distintos niveles de colaboración.

Trinidad y Tobago: el apoyo más explícito

El caso más contundente es el de Trinidad y Tobago, el país caribeño más cercano geográficamente a Venezuela. Su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, se convirtió en la dirigente regional que con mayor firmeza respaldó la estrategia militar estadounidense.

Trinidad alberga marines estadounidenses, permitió la instalación de un sistema de radar militar y participa en ejercicios conjuntos con las fuerzas de Estados Unidos. Además, habilitó el tránsito de aeronaves militares por sus aeropuertos para tareas logísticas.

El gobierno justificó estas decisiones como una respuesta a la crisis de seguridad interna y al tráfico de armas y drogas. Sin embargo, sectores opositores, organizaciones civiles y expertos legales advirtieron que el país podría quedar expuesto a represalias venezolanas.

La controversia se profundizó por la falta de información oficial: las autoridades evitaron detallar la duración de la presencia militar, el alcance de las operaciones y los términos del acuerdo con Washington, alegando razones de seguridad nacional.

República Dominicana: cooperación “limitada y temporal”

Otro país que dio luz verde a la presencia estadounidense es República Dominicana. El presidente Luis Abinader autorizó a las fuerzas armadas de Estados Unidos a operar en áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas.

El acuerdo permite el reabastecimiento de aeronaves, el transporte de equipamiento y el despliegue de personal técnico, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Desde Washington, el secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró que el despliegue será “temporal y de baja escala”.

Abinader defendió la medida al señalar que el narcotráfico constituye una amenaza transnacional y que ningún país puede enfrentarlo sin aliados estratégicos. El gobierno dominicano remarcó que se trata de una cooperación puntual, sin afectación de la soberanía nacional.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes: territorio estadounidense clave

Aunque no son países independientes, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos cumplen un rol central en el esquema militar de Washington en el Caribe.

En Puerto Rico volvió a operar la Estación Naval Roosevelt Roads, cerrada desde 2004. En las últimas semanas se registraron movimientos de aviones de combate y transporte, además de tareas de reacondicionamiento de infraestructura.

También se observaron nuevas aeronaves militares en el aeropuerto de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes, lo que refuerza la capacidad logística de Estados Unidos en la región.

Granada: una decisión bajo revisión

El caso de Granada es distinto. El gobierno confirmó que recibió un pedido de Washington para instalar equipos de radar y personal técnico en su aeropuerto internacional, pero aclaró que la solicitud sigue en evaluación.

La discusión está atravesada por un fuerte antecedente histórico: la invasión estadounidense de 1983, durante la Guerra Fría, tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop. Ese mismo aeropuerto —hoy bautizado con su nombre— sería el lugar elegido para el despliegue.

El primer ministro Dickon Mitchell reconoció que el tema genera sensibilidad política y emocional en la sociedad granadina, y sostuvo que persisten dudas técnicas y de seguridad que impiden una definición inmediata.

Un equilibrio frágil en el Caribe

Mientras Estados Unidos avanza con su estrategia de presión sobre Venezuela, el Caribe queda atrapado entre la cooperación en seguridad y el temor a una escalada regional. La decisión de algunos países de facilitar infraestructura y presencia militar marca un punto de inflexión en una región históricamente cautelosa frente a los conflictos armados.