El último borrador de la reforma laboral incluye un capítulo dedicado a la economía de plataformas y anticipa un cambio profundo para repartidores, choferes y empresas tecnológicas. El documento detalla por primera vez un esquema legal propio para quienes trabajan mediante aplicaciones como Rappi, Uber, Pedidos Ya, Cabify y Didi, con foco en redefinir derechos, obligaciones e independencia contractual.

Según el texto preliminar, el objetivo central es garantizar la independencia del repartidor, evitando cualquier indicio de relación laboral tradicional. La norma establece que los prestadores podrán conectarse, aceptar pedidos, rechazar viajes y definir su modalidad de trabajo sin restricciones impuestas por las plataformas.

El borrador introduce conceptos claves para ordenar el ecosistema: “mensajería urbana”, “repartidor independiente”, “plataforma tecnológica” y “contrato de prestación a través de aplicaciones”. Cada definición enmarca las tareas, responsabilidades y límites del vínculo entre usuarios, trabajadores y empresas.

Libertad operativa y reglas más claras

El artículo 81 del proyecto marca uno de los cambios más relevantes: los repartidores tendrán autonomía plena sobre sus horarios, el tiempo de conexión y la decisión de aceptar o rechazar pedidos. La norma también exige que las empresas informen, en lenguaje claro, los criterios con los que agrupan y clasifican a los repartidores.

Además, se reconoce el derecho a acceder a la totalidad de la retribución —incluidas las propinas— y a conectarse sin periodicidad mínima, sin sanciones por períodos de inactividad.

Obligaciones para plataformas y repartidores

El borrador fija un conjunto de responsabilidades para las empresas, entre ellas:

  • Proveer información previa sobre cada pedido.
  • Garantizar canales de reclamo con operadores humanos.
  • Asegurar capacitaciones gratuitas en seguridad vial.
  • Facilitar elementos de seguridad según el tipo de vehículo.

También se exige que las plataformas expliquen por escrito cualquier bloqueo, limitación o suspensión, permitiendo al trabajador ejercer su derecho a réplica.

En paralelo, los repartidores deberán cumplir normas de tránsito, registrar su actividad ante AFIP, informar CBU/CVU y mantener la titularidad de su cuenta en cada aplicación.

Un seguro obligatorio y la portabilidad de datos

Entre los derechos incorporados, uno de los puntos más novedosos es el acceso a un seguro de accidentes personales, con cobertura mínima por fallecimiento, incapacidad, gastos médicos y costos funerarios. La norma aclara que este beneficio no implica relación de dependencia.

El texto también contempla la portabilidad de datos, que permitirá a los repartidores solicitar su historial de actividad en un formato abierto, reutilizable y transferible.

Alcance del proyecto y autoridad de aplicación

La normativa abarcará a todas las plataformas que intermedien servicios de reparto o mensajería en Argentina. Para casos no previstos expresamente, se aplicará el Código Civil y Comercial de manera supletoria.

El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación, con la facultad de reglamentar detalles operativos y definir mecanismos de fiscalización.