En un hecho inédito para la justicia argentina, la Cámara en lo Penal de Esquel anuló una condena por robo simple al comprobar que el juez de primera instancia utilizó un asistente de inteligencia artificial (IA) generativa para elaborar parte de los fundamentos de su fallo.

La decisión fue adoptada por los jueces Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y Carina Estefanía, quienes además dispusieron la realización de un nuevo juicio con un magistrado distinto y remitieron el expediente al Superior Tribunal de Justicia del Chubut para investigar las irregularidades.

El caso que originó el fallo

El episodio se remonta al 17 de noviembre de 2023, cuando se denunció el robo de $2.000 y USD 400 en un departamento de Esquel. La investigación se basó en registros de cámaras de seguridad, el análisis de un vehículo Renault Clio gris y una pericia criminalística sobre las imágenes.

El juez de primera instancia dictó una condena de dos años y seis meses de prisión efectiva, al considerar acreditada la autoría del acusado.

La defensa, representada por el abogado Horacio Hernández, apeló la decisión al considerar que la sentencia era arbitraria, basada en una valoración errónea de la prueba y en videos cuya autenticidad no fue verificada. Alegó además que el imputado se encontraba trabajando en otra localidad al momento del hecho, con testigos que lo corroboraban.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, defendió la validez de la investigación y pidió mantener la condena.

La frase que reveló el uso de inteligencia artificial

Durante la revisión del fallo, la Cámara detectó una frase inusual en los fundamentos del juez:
«Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar».

Esa oración, incorporada en el texto judicial, evidenció el uso de una herramienta de inteligencia artificial para redactar parte del razonamiento jurídico. El magistrado no había dejado constancia de su utilización ni del alcance de esa intervención, lo que para los camaristas constituyó una violación del deber de transparencia y control procesal.

La jueza Carina Estefanía, en su voto, subrayó la gravedad de la omisión: «No dejar constancia del uso de la herramienta impide conocer el grado de asistencia requerida y obstaculiza el control de las partes sobre el razonamiento judicial».

Añadió que la falta de trazabilidad vulnera principios esenciales del debido proceso y la garantía del juez natural, al impedir determinar si el razonamiento pertenece al magistrado o al sistema automatizado.

El juez Martín Zacchino coincidió en que la sentencia presentaba un vicio insalvable de fundamentación:
«No hay forma de conocer la dirección elegida por el juez, lo que impide un control adecuado de la sentencia».

En la misma línea, Hernán Dal Verme sostuvo que la ausencia de explicación sobre el uso de la IA afecta el derecho al doble conforme, que garantiza la revisión de una condena por un tribunal superior.

Por unanimidad, la Cámara decidió anular la condena y ordenar un nuevo juicio.

El marco normativo sobre el uso de IA en la justicia

El fallo se basó en un Acuerdo Plenario del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, que regula el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el Poder Judicial.

La norma establece que la IA solo puede emplearse como herramienta complementaria, nunca para delegar decisiones o razonamientos jurídicos, y exige supervisión humana y registro escrito de toda utilización.

Además, dispone resguardar la confidencialidad de los datos y dejar constancia expresa del uso de estas tecnologías en las resoluciones judiciales.

En función de esas disposiciones, la Cámara ordenó enviar el caso al tribunal superior para determinar si corresponde iniciar una investigación administrativa o disciplinaria.

Un precedente inédito en el país

La decisión de la Cámara Penal de Esquel abre un debate sin precedentes sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en la justicia argentina. El fallo marca una línea clara: la IA puede asistir, pero no reemplazar la función judicial, y su utilización sin transparencia constituye una violación de garantías constitucionales.

El caso, ahora bajo revisión del Superior Tribunal, podría convertirse en el primer antecedente disciplinario sobre el uso indebido de herramientas automatizadas en el ámbito judicial.