La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro sancionó una ley que premia a agentes de la policía civil con incrementos salariales de hasta el 150% cuando confisquen armas de gran calibre o “neutralicen” criminales. El proyecto, que debe ser promulgado por el gobernador Claudio Castro, despertó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

El beneficio fue aprobado el martes por amplia mayoría y ahora depende de la firma del gobernador Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, para entrar en vigencia. De confirmarse, se trataría de un sistema de estímulos económicos por intervenciones armadas que recuerda al llamado “bono del Lejano Oeste”. Norma vigente entre 1995 y 1998 cuando fue eliminado tras el aumento de muertes en operativos policiales.

“El proyecto incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”, denunció el diputado federal Henrique Vieira, representante de Río por la izquierda. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, agregó el legislador en un mensaje publicado en la red social X.

Riesgo de masacres y efectos sociales

De acuerdo con el texto aprobado, los agentes podrán obtener una bonificación que va del 10% al 150% de su salario. Específicamente, en situaciones donde se decomisen armas de alto calibre o se produzca la “neutralización de criminales”. Para especialistas y referentes sociales, esta redacción abre la puerta a interpretaciones peligrosas.

“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, advirtió Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra. La ONG resaltó que, según estadísticas oficiales, la población afrodescendiente es la que más muertes sufre a manos de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro.

Amadeus alertó además que esta normativa podría extenderse en el futuro a la policía militar y a otros cuerpos de seguridad, lo que multiplicaría los riesgos de abusos.

Contexto: violencia y operativos en las favelas

En Río de Janeiro, los operativos de mano dura son frecuentes en favelas y barrios marginales controlados por narcotraficantes y bandas armadas. Solo en 2024, 703 personas murieron en intervenciones policiales en el estado, lo que equivale a casi dos muertes por día. Si bien la cifra representa una caída del 19% respecto a 2023 (cuando hubo 871 víctimas), los números continúan siendo de los más altos del país.

La bonificación fue incluida dentro de un paquete de reformas a la policía civil, cuerpo responsable de las investigaciones judiciales. En los años 1990, el beneficio estaba destinado a la policía militar —heredera de la dictadura (1964-1985)—, cuyo papel se centra en tareas represivas.

El debate sobre seguridad y derechos humanos

La medida reavivó la discusión en Brasil sobre cómo enfrentar el crimen organizado sin vulnerar derechos básicos. Organismos locales e internacionales advierten que este tipo de incentivos pueden consolidar una lógica de “gatillo fácil” institucionalizada.

Mientras tanto, sectores políticos conservadores defienden la ley como un estímulo para el combate al narcotráfico. El desenlace ahora depende de la decisión del gobernador Claudio Castro, quien deberá promulgar o vetar la norma en los próximos 15 días.