La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva para tres involucrados en una causa que investiga el uso irregular de recursos estatales para beneficio personal. En el caso del principal acusado, pidió que la medida se extienda por seis meses, mientras que para los otros dos imputados reclamó un plazo de dos meses. La Fiscalía también requirió que el expediente sea declarado causa compleja.

Durante la audiencia de formalización realizada este viernes, la Unidad Fiscal describió un funcionamiento irregular que, según los investigadores, habría operado durante aproximadamente dos meses. De acuerdo a la acusación, los imputados utilizaron recursos públicos —incluidos vehículos oficiales, combustible y logística estatal— para realizar traslados y trabajos que no guardaban relación con las funciones administrativas que debían cumplir.

Según explicó Rivadeneira, los hechos “fueron cometidos en un contexto de abuso de poder, con acceso privilegiado a herramientas y movilidad estatal que facilitaron el accionar y generaron un marco de impunidad”.

Falsificación de documentación y entorpecimiento

La Fiscalía sostiene que para justificar los movimientos realizados se habría manipulado documentación oficial. Entre los elementos presentados figura la adulteración de registros, lo que constituye un agravante dentro de la investigación.

Rivadeneira también señaló maniobras que, a criterio del MPF, buscan entorpecer el proceso. Mencionó como ejemplo la entrega de un teléfono celular sin chip, que los imputados afirmaron no utilizar porque “estaba en reparación” desde hace meses. Para la Fiscalía, esa situación “materializa una conducta evasiva para obstaculizar los trámites de la investigación”.

Pedidos y testimonios que impulsaron la causa

Familiares de las personas afectadas se presentaron ante la Unidad Fiscal para aportar información y solicitar la restitución de herramientas utilizadas en los trabajos. Estos testimonios fueron considerados clave para sostener la hipótesis inicial del MPF y reforzar la solidez del pedido de medidas de coerción.

El Ministerio Público sostiene que aún resta recolectar información, entre ella peritajes técnicos, análisis de comunicaciones y reconstrucción de rutas de vehículos oficiales mediante GPS y cámaras de seguridad.

La solicitud de tratamiento como causa compleja

El auxiliar de fiscal Federico Lizarraga explicó ante el juez que, por la naturaleza de los hechos investigados, el número de imputados y las posibles ramificaciones del caso, es necesario ampliar los plazos de la investigación.

Detalló que la causa incluye varios ilícitos conexos: uso indebido de bienes públicos, falsificación de instrumentos y eventuales abusos vinculados al cumplimiento irregular de funciones estatales. También indicó que se encuentran pendientes peritajes sobre doce teléfonos celulares y que podrían surgir más personas involucradas.

“El contexto institucional es sensible y exige verificar posibles redes de encubrimiento o vínculos jerárquicos que dificultan la obtención de pruebas testimoniales y documentales”, afirmó Lizarraga.

Resolución judicial

Al resolver, el juez interviniente destacó la gravedad de las conductas atribuidas y la existencia de “trabajos forzosos realizados bajo un esquema sostenido en el tiempo”. También consideró irrazonable la explicación brindada sobre el teléfono supuestamente averiado, lo que calificó como una conducta que “obstruye la investigación y evidencia falta de sometimiento a la Justicia”.

El magistrado hizo lugar al pedido del MPF y declaró el caso como asunto complejo, lo que habilita plazos investigativos extendidos.

El hecho investigado

Según la acusación, el martes 11 de noviembre se habría utilizado un vehículo estatal para trasladar a personas que debían permanecer en dependencias públicas hasta un inmueble particular en construcción, donde realizaron trabajos de albañilería. La documentación oficial registró un destino distinto al real. Este episodio se considera parte de una operatoria más amplia que la Fiscalía indaga desde hace semanas.

La investigación continúa con nuevas medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.