El Gobierno nacional giró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años. Además, establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. La propuesta fija una pena máxima de 20 años y prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo argumenta que es necesario bajar la edad de imputabilidad, ya que «los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones». Los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio la presentación de esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cúneo Libarona. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, lideradas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Aunque se prevé que no será un trámite sencillo debido a la controversia que genera dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años. Específicamente, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del documento se especifica que no se impondrá al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de 20 años. Aunque la escala penal podría ser más elevada si concurren varios delitos independientes.

Detalles del proyecto

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que «la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada».

«En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal», agrega el documento. El oficialismo subraya que «resulta indispensable sancionar una ley especial. El cual regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social».

Además, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil «el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios. Lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes. Muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales, y con las necesidades de la sociedad».