En la mañana de hoy, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728, que beneficia a las cooperativas que dependen de los movimientos sociales. Según el documento, se les otorgó el 30% “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″.

De acuerdo al artículo 4° del decreto, el monto “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación. Y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. El beneficio era reclamado desde hacía meses por los principales dirigentes populares. Ya que, muchos de ellos, son funcionarios en varios ministerios. Como por ejemplo, el de Desarrollo Social y Trabajo. Cable aclarar que, desde el oficialismo, primero intentaron que sea aprobado a través del Congreso en forma de ley. Sin embargo, el proyecto chocó con la voluntad de un buen número de diputados y senadores.

El decreto destaca: «Es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino. Para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral». En el documento no se aclara que tipo de controles bajo esta contratación que se abonará con fondos públicos. Ni tampoco, quién evaluará los antecedentes de las cooperativas y sus trabajadores.

Qué dijeron los referentes de movimientos sociales

“El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino«, explicó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie. Luego, detalló que las cooperativas sociales accederán a “obras pequeñas que tienen que ver con refaccionar edificios públicos, la urbanización de barrios, trabajos albañilería, de alcantarillado”.

El artículo 5° del decreto ordena a la Oficina Nacional de Contrataciones “incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes. En cuya nómina se acredite un mínimo del cinco por ciento de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa ‘Puente de Empleo’”. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos explicó que esta resolución permite “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”.