La Secretaría de Energía puso en marcha un nuevo esquema de facturación que introduce precios estacionales para reflejar los costos reales de generación y avanzar en la reducción de subsidios energéticos en los hogares argentinos. El cambio busca devolver al mercado eléctrico señales de precios más precisas y promover contratos directos entre generadores y consumidores, en un modelo que retoma elementos del sistema competitivo vigente en la década de 1990.

El nuevo mecanismo establece que, durante los meses de verano, los usuarios residenciales pagarán una tarifa más alta que los sectores industriales, aunque la situación se invertirá en el invierno. Según fuentes oficiales, el objetivo es que el precio promedio anual sea similar para ambos segmentos, pero con un comportamiento estacional acorde al costo real de la energía.

Un modelo estacional con diferencias por tipo de generación

La diferencia tarifaria entre hogares e industrias se origina en el tipo de generación a la que accede cada segmento. Los usuarios residenciales reciben energía proveniente de fuentes renovables y nucleares, cuyos precios se mantienen constantes durante el año por estar asociados a contratos de largo plazo.

En cambio, las industrias y los grandes comercios dependen de centrales térmicas que utilizan gas y combustibles líquidos, cuyos precios varían según la demanda. En verano, cuando el gas es más barato, la generación térmica resulta menos costosa; pero en invierno, los precios se encarecen de forma significativa.

“El nuevo esquema busca proteger a los hogares de los vaivenes del mercado energético. En invierno, cuando el costo de la energía aumenta, los usuarios residenciales no verán subas abruptas, mientras que los sectores productivos sí enfrentarán ajustes mayores”, explicaron desde la cartera energética.

Precios y alcance de la Resolución 434/25

La Resolución 434/25, vigente desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, establece precios diferenciados: los hogares abonarán entre $63.443 y $66.374 por MWh, mientras que los grandes usuarios pagarán entre $47.940 y $49.496 por MWh.

El esquema se enmarca en el proceso de reordenamiento del mercado eléctrico impulsado por el Gobierno, que busca recuperar un sistema de competencia y contratos directos, con menor intervención estatal. Durante los años 2000, el congelamiento tarifario había centralizado la gestión del sistema en Cammesa, la empresa estatal encargada de comprar la energía a los generadores y revenderla a precios subsidiados a distribuidoras y grandes usuarios.

Hacia un mercado más competitivo y menos subsidiado

Las nuevas resoluciones mantienen garantizado el abastecimiento para hogares y usuarios prioritarios, pero obligan a los grandes consumidores a gestionar contratos propios de suministro. “El objetivo es lograr que los hogares tengan precios estables y previsibles durante todo el año, mientras que el promedio anual siga siendo más bajo que el de las industrias y comercios”, señaló el equipo de la secretaria María Tettamanti.

El impacto de la medida se reflejará con mayor claridad desde diciembre. En noviembre, las facturas eléctricas registraron un aumento promedio del 3,8%, por encima del 2% mensual observado antes de las elecciones.

Subsidios y cobertura del costo real

A pesar de los incrementos aplicados durante la gestión de Javier Milei, la demanda total cubre apenas el 68% del costo real de abastecimiento, según la consultora Economía y Energía (EyE). El 32% restante se financia mediante transferencias del Tesoro Nacional.

Los grandes usuarios y los hogares de altos ingresos (Nivel 1) cubren alrededor del 85% del costo de generación, mientras que los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) apenas alcanzan el 38%, y los de ingresos medios (Nivel 3) un 57%, de acuerdo con los cálculos de EyE.

Reducción progresiva de subsidios y efectos distributivos

Durante este año, los mayores aumentos tarifarios se concentraron en los hogares de ingresos bajos y medios, como parte del proceso de reducción gradual de subsidios. En cambio, los usuarios de mayores ingresos registraron una caída de sus tarifas en términos reales, debido a la apreciación del tipo de cambio.

El Gobierno busca avanzar hacia un esquema donde los precios reflejen los costos reales de producción y distribución de energía, con un sistema de subsidios más focalizado y transitorio. El desafío será equilibrar la competitividad del sector productivo con la protección a los consumidores residenciales y la sostenibilidad fiscal.