El Gobierno de Javier Milei ultima los detalles para iniciar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y asegura que el pliego de licitación está “muy cerca” de publicarse. En Casa Rosada estiman que el llamado podría formalizarse en las próximas semanas, con la expectativa de que el esquema quede definido antes de que finalice el primer trimestre del año.

La intención oficial es desprenderse del capital accionario que hoy controla el Estado y abrir la puerta a operadores privados para competir por la conducción de la empresa, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano.

Cómo será la privatización y qué porcentaje se venderá

El Estado Nacional posee actualmente el 90% de AySA, mientras que el 10% restante se mantiene dentro del Programa de Propiedad Participada en manos de los trabajadores. El proceso contempla, como mínimo, la venta de más del 51% de las acciones para que un nuevo operador quede a cargo de las decisiones estratégicas y operativas.

En el esquema que analiza el Ejecutivo, la licitación se orientará a vender el paquete mayoritario a un operador estratégico, mientras que el remanente podría quedar disponible para su colocación en el mercado bajo un mecanismo de free float.

Qué organismos intervendrán y quiénes definen las condiciones

El diseño del proceso está bajo supervisión del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). También participan equipos del área de Legal y Técnica, en el marco de revisiones normativas y condiciones de implementación.

En paralelo, el funcionamiento futuro de la empresa quedará bajo control de dos organismos: el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), responsable del control tarifario, calidad del servicio y reclamos, y la Agencia de Planificación (APLA), enfocada en inversiones, expansión y planificación estratégica.

Qué decretos habilitaron la venta y qué cambios incluye el marco regulatorio

Uno de los pasos centrales para avanzar en la privatización fue la publicación del Decreto 494/2025, que habilitó la venta de las acciones estatales en AySA. A ese marco se sumó el Decreto 805/2025, que introdujo un nuevo esquema regulatorio para la compañía e incorporó cambios vinculados a la prestación del servicio, entre ellos la posibilidad de cortes por falta de pago.

El Ejecutivo también aprobó un Plan de Acción de Transición 2024-2026 con el objetivo de dejar a la empresa en condiciones operativas y administrativas para su traspaso, además de mejorar el atractivo para eventuales oferentes.

Dentro de esa transición, el Estado proyectó inversiones por $753.900 millones para el período 2024-2026. Además, el registro de transferencias de capital a empresas públicas reflejó envíos para infraestructura durante 2025, en un contexto de fuerte reducción interanual respecto de la etapa anterior.