La ejecución de la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo adverso para Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó un recurso presentado por su defensa para ampliar las autorizaciones de ingreso de personal doméstico al domicilio donde cumple prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada mediante el rechazo “in limine” de un recurso de reposición. Lo que implicó ratificar sin más trámite las condiciones actuales del régimen impuesto. El tribunal dejó en claro que las restricciones continúan vigentes mientras el tema es analizado por la Cámara Federal de Casación Penal y que la presentación no tiene efecto suspensivo.

El planteo de la defensa y la respuesta del tribunal

El recurso había sido presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron que se revisara una decisión previa para permitir el ingreso de una persona destinada a tareas domésticas. El juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, sostuvo que el planteo no acreditó arbitrariedad ni un rigor excesivo en la resolución cuestionada.

El tribunal recordó que ya había contemplado la necesidad de garantizar el aseo y el mantenimiento de la vivienda. Y autorizando el reemplazo de dos personas por un nuevo ingreso. Sin embargo, aclaró que esa habilitación sólo podrá hacerse efectiva una vez que la expresidenta reciba el alta médica y regrese al domicilio de la calle San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

“No se advierte arbitrariedad ni rigor excesivo alguno, sino una razonable ponderación de las circunstancias del caso. Y de los fines propios del régimen de ejecución de la pena bajo modalidad domiciliaria”, sostuvo el magistrado en la resolución.

Todo queda ahora en manos de Casación

El conflicto se inscribe en una discusión más amplia sobre el régimen de visitas y las condiciones impuestas durante la prisión domiciliaria. El Tribunal Oral recordó que todas las decisiones vinculadas a este esquema ya fueron apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal. Aunque sin efecto suspensivo, motivo por el cual las restricciones siguen plenamente vigentes.

El régimen actual establece un máximo de tres personas por día, visitas que no pueden extenderse más de dos horas y un límite de dos autorizaciones semanales, salvo circunstancias excepcionales. Además, toda persona que no figure en la nómina habilitada debe contar con autorización judicial previa. A esto se suma la restricción en el uso de espacios comunes. La expresidenta sólo puede acceder a la terraza del edificio una vez por día, en horario diurno y por un lapso máximo de dos horas.

Qué deberá definir la Cámara

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si estas condiciones constituyen un control razonable de la ejecución de la pena. O si implican, como sostiene la defensa, un agravamiento ilegítimo del castigo contrario a los principios de legalidad y a los estándares de derechos humanos.

Un punto clave será determinar si se habilita la feria judicial de enero. Lo que podría permitir una intervención excepcional de la sala de feria del máximo tribunal penal federal. Habitualmente, la revisión de las decisiones vinculadas a la causa Vialidad recae en la sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Aunque durante el receso intervienen magistrados designados específicamente para la feria.

El 29 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 ya había concedido el recurso de Casación contra la decisión de limitar las visitas y dejar fuera del listado irrestricto a otras personas del entorno familiar de la expresidenta, un aspecto que también quedó bajo análisis del tribunal superior.