La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el procedimiento formal para incorporar al patrimonio del Estado más de USD 61 millones decomisados al empresario K Lázaro Báez y a su hijo Martín, condenados por lavado de dinero en la causa conocida como «la ruta del dinero K», uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 4 —que llevó adelante el juicio— recibió un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal. Allí se ordena avanzar con la inscripción de los bienes y con la transferencia del dinero incautado durante la investigación. Que incluye fondos líquidos, propiedades y activos financieros en el exterior.

La Corte ordenó transferir todos los fondos a cuentas oficiales

Según el oficio, el dinero secuestrado y los montos obtenidos en las subastas judiciales deberán ser transferidos a dos cuentas bancarias —en pesos y en dólares— pertenecientes a la Corte Suprema. Se trata de fondos que estaban congelados desde la etapa de instrucción y que ahora podrán ingresar formalmente al patrimonio estatal.

En paralelo, el TOF 4 deberá remitir toda la documentación vinculada a las subastas y a la ejecución del decomiso, que incluye:

  • Propiedades ubicadas en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.
  • Cuentas en el Banco Lombard Odier de Suiza.
  • Activos financieros en el Banco CBH de Bahamas.
  • Casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares depositados en el exterior.

Bienes a nombre de Báez pasarán a la Corte Suprema

Los artículos 23 y 305 del Código Penal y el 522 del Código Procesal Penal obligan a que los bienes provenientes de delitos sean transferidos al Estado. Por eso, todos los activos registrados a nombre de Lázaro Báez y de su hijo quedarán inscriptos bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión se hizo efectiva después de que la Corte —con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— rechazara los últimos recursos del empresario y dejara firmes tanto las condenas como el decomiso.

Más de 60 millones de dólares provenientes del circuito del lavado K

La sentencia de 2021 había ordenado el decomiso de USD 61.130.860. Además de montos en pesos que deben actualizarse por inflación según los índices del INDEC. En febrero de 2023, la Cámara de Casación confirmó la decisión, y el 29 de mayo pasado la Corte dejó todo firme.

Tras esa resolución, el juez del TOF, Néstor Costabel, dispuso la ejecución inmediata del decomiso. Y luego ordenó la transferencia de todos los bienes al Estado nacional.