La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a marcar distancia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El dirigente Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y referente del ala dialoguista, lanzó duras críticas contra el proyecto oficial, aunque aclaró que la central mantendrá su participación en el Consejo de Mayo, el ámbito de debate multisectorial convocado por el Ejecutivo.

Martínez advirtió que la iniciativa “no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral”, y reiteró el “contundente y categórico rechazo a cualquier intento de modificación del código de trabajo”, especialmente aquellos inspirados en el decreto firmado por el Gobierno a fines de 2023.

Críticas directas al Ejecutivo

“El Gobierno impulsa una reforma laboral como solución a todos los males económicos, pero en realidad ratifica un esquema inconsulto y rechazado judicialmente por la CGT”, sostuvo el dirigente en su declaración pública. La misiva, difundida por el área de Relaciones Internacionales de la central, concluye con un enfático “#BASTA!” que sintetiza el malestar sindical.

Martínez también cuestionó la política económica del Ejecutivo al señalar que “la ausencia de un modelo de crecimiento sostenido, donde el trabajo y los salarios sean ejes del despegue económico y social, retrasa cualquier posibilidad de progreso y priva a miles de argentinos de un empleo digno”.

Postura crítica pero diálogo abierto

Fuentes cercanas al líder de la UOCRA aclararon que decidió reforzar su posición luego de que el Gobierno difundiera proyectos “que no son los que se están consensuando en el Consejo de Mayo”.

De todos modos, Martínez mantendrá su participación en esa mesa hasta diciembre, cuando se espera que se presenten las conclusiones sobre la reforma laboral, la política tributaria y el nuevo marco productivo. “Ni dogmáticos ni obstruccionistas —remarcó—. Creemos que ningún país se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores”.

“Los derechos laborales no son el costo argentino”

En su documento, el dirigente de la construcción defendió el rol de las pymes como generadoras de empleo formal y advirtió que “no es el exceso de regulaciones laborales el problema, sino la ausencia de una política económica que garantice inversión productiva y rentabilidad sostenible”.

“Los derechos laborales no son la causa del llamado costo argentino —sostuvo—. Lo que lo encarece es el mal manejo de la política económica, tributaria y cambiaria. El salario no tiene incidencia directa sobre el costo argentino”.

Una reforma “que debe mirar a las pymes”

Martínez insistió en que la modernización del mercado laboral debe orientarse al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al incentivo de las exportaciones y al respeto por las convenciones colectivas libres y sin restricciones.

“El diálogo social es la llave maestra para el desarrollo. No puede ser discrecional, ni beneficiar solo a los empresarios. Debe ser transparente, sustentable y equilibrado”, subrayó.

Reclamo por un pacto productivo

El sindicalista planteó la necesidad de un “pacto productivo nacional” que promueva el valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo. “Queremos una Argentina productiva, exportadora, que recupere la agenda del desarrollo desde el trabajo digno, la inclusión y la justicia social”, concluyó.

Desde el entorno de la CGT, la posición general se mantiene: rechazar la reforma en los términos propuestos, pero seguir participando en los espacios de diálogo. Para el sindicalismo, el consenso sigue siendo una herramienta de negociación y una estrategia para preservar su influencia institucional.