La jueza Julieta Makintach fue imputada este miércoles en la causa que investiga el escándalo del documental filmado durante el juicio nulo por la muerte de Diego Maradona. El expediente, a cargo de la justicia de San Isidro, avanzó con la acusación formal por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y peculado de servicios.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo concluyeron que existen pruebas suficientes para sostener que la magistrada utilizó su cargo y recursos del Poder Judicial con fines privados. Según el escrito, Makintach habría aceptado una propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, para producir la serie documental Justicia Divina.

Filmaciones clandestinas y recursos públicos

La investigación reconstruyó que el 9 de marzo de 2025 la jueza habilitó el acceso a los Tribunales de San Isidro a un grupo de seis personas vinculadas a la producción, valiéndose de su llave de ingreso reservada a magistrados. Ese día permitió grabaciones en diversas áreas del edificio, incluso en su despacho, y llegó a manipular expedientes frente a las cámaras.

Asimismo, el 11 de marzo, durante el inicio del juicio por la muerte de Maradona, Makintach autorizó el ingreso encubierto de guionistas, camarógrafos y productores. Según la fiscalía, desautorizó la intervención de una funcionaria policial y permitió que se filmaran escenas privilegiadas, en contradicción con la resolución que prohibía grabaciones externas.

Pruebas documentales y testimoniales

Entre las evidencias figuran registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal policial y material incautado en la productora La Doble S.A.. Allí se hallaron videos, guiones y documentos que refuerzan la hipótesis de una asociación con fines económicos. Los fiscales sostienen que la magistrada buscaba regalías o beneficios por la difusión del proyecto.

La Suprema Corte bonaerense y la Cámara de Apelaciones confirmaron que no existía autorización para usar el edificio judicial como set de filmación. A eso se suma el intento frustrado de Makintach de presidir el tribunal durante el juicio para tener mayor protagonismo, actitud que derivó en su recusación por parte de las defensas y contribuyó a la nulidad del proceso.

Pedido de desafuero y juicio político

Con estas pruebas, los fiscales solicitaron al jury de enjuiciamiento el desafuero de Makintach para avanzar con su indagatoria y remarcaron que sus conductas “afectan la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial”. La jueza, suspendida de sus funciones, enfrenta la posibilidad de ser destituida si prospera el pedido.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, presentó un escrito reclamando la destitución de la magistrada. El letrado advirtió que las maniobras de Makintach dilataron el proceso judicial, revictimizaron a las hijas del ídolo y constituyen “una afrenta institucional al Estado de Derecho”.

El futuro de la causa

La decisión sobre su desafuero y la eventual apertura de juicio oral dependerá de los conjueces del jury, que ya convocaron a una audiencia preliminar. El caso, que involucra la memoria de Diego Maradona y la transparencia del Poder Judicial, promete convertirse en un test institucional de alto impacto.