Las dificultades fiscales comenzaron a sentirse con fuerza en varias provincias. Gobernadores de distintos espacios políticos admiten en privado que cada vez resulta más complejo afrontar aumentos salariales para empleados estatales, docentes y fuerzas de seguridad. En ese contexto, algunos mandatarios deslizan la posibilidad de impulsar un nuevo pacto fiscal con la Nación, aunque el Gobierno nacional rechaza por ahora esa posibilidad.

“Estamos prendiendo velas a la coparticipación”, reconoció un gobernador que mantiene diálogo con la Casa Rosada al describir la situación financiera en su provincia. Otros mandatarios provinciales coinciden en el diagnóstico y advierten que los presupuestos están cada vez más ajustados. “Nadie gana bien y estamos administrando pobreza”, admitió otro dirigente consultado sobre el panorama fiscal.

Reclamos salariales y presión en las provincias

La tensión fiscal se refleja también en distintos conflictos salariales en el interior del país. En las últimas semanas se registraron protestas de policías provinciales que reclamaban mejoras en sus ingresos. Algunas provincias ya tuvieron que negociar incrementos para desactivar los conflictos.

En Santa Fe, por ejemplo, el gobierno provincial decidió otorgar aumentos salariales por encima del valor de la canasta básica total. En Jujuy, uno de los casos más recientes, se acordó un incremento del 10% acompañado por la actualización del salario mínimo y otros adicionales. Gobernadores de distintos distritos anticipan que negociaciones similares podrían replicarse en los próximos meses.

La idea de un nuevo pacto fiscal

Ante este escenario, algunos mandatarios provinciales comenzaron a plantear en privado la posibilidad de avanzar en un acuerdo impositivo conjunto con el Gobierno nacional a partir de 2026. La propuesta apunta a coordinar una eventual reducción de impuestos entre Nación, provincias y municipios. El objetivo sería evitar que una jurisdicción pierda competitividad frente a otra si decide bajar tributos de manera unilateral.

Entre los impuestos que algunos gobernadores mencionan para una eventual revisión aparecen Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y los derechos de exportación. Sin embargo, no todos los mandatarios provinciales ven viable un acuerdo de este tipo en el corto plazo. Algunos consideran que el margen fiscal actual es demasiado estrecho para asumir una baja coordinada de recursos.

La respuesta del Gobierno nacional

En la Casa Rosada miran con escepticismo las propuestas de un pacto fiscal. Fuentes del Ejecutivo sostienen que el Gobierno ya impulsó diversas reducciones impositivas y remarcan que varias provincias se opusieron a medidas clave cuando se discutieron en el Congreso. “Siempre está bueno bajar impuestos y este Gobierno vino para eso, pero cuando mandamos la reducción de Ganancias para empresas no acompañaron”, señalaron desde el oficialismo.

El proyecto al que se refieren formaba parte de la reforma laboral y proponía reducir tres puntos porcentuales la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. Según el Gobierno, la medida buscaba mejorar la competitividad argentina frente a otros países de la región y estimular la inversión privada. Finalmente, esa propuesta quedó fuera del proyecto luego de que varias provincias manifestaran reparos por su impacto fiscal.

El debate sobre el gasto público

Dentro del oficialismo sostienen que la discusión tributaria debería comenzar por el gasto de las provincias y municipios. Desde el entorno presidencial remarcan que, mientras el gasto nacional cayó cerca de cinco puntos del PBI desde 2023, el gasto subnacional se mantuvo prácticamente sin cambios. Bajo esa lógica, consideran que la reducción de impuestos debería ir acompañada por recortes en los presupuestos provinciales.

El propio Javier Milei planteó en la apertura de sesiones ordinarias que el sistema tributario argentino necesita una reforma profunda. Según el Presidente, la estructura impositiva debe orientarse a estimular el crecimiento económico y no únicamente a maximizar la recaudación. Sin embargo, por ahora el Gobierno no anticipó un nuevo paquete de reformas tributarias de alcance general.

La caída de recursos y el impacto en las provincias

Un informe del think tank Instituto Argentina Grande advierte que las provincias enfrentan una reducción significativa en sus ingresos. Según el análisis, la caída de la recaudación nacional afectó directamente los fondos coparticipables que reciben los distritos. A esto se suma una reducción en las transferencias discrecionales que realizaba el Gobierno nacional.

El estudio calcula que la diferencia acumulada de ingresos de origen nacional para las provincias entre 2024 y 2026, en comparación con 2023, alcanza los 15,3 billones de pesos. Esa caída explica parte de las tensiones presupuestarias que hoy enfrentan las administraciones provinciales. En muchos casos, el impacto se siente especialmente en las negociaciones salariales del sector público.

La estrategia libertaria en provincias y municipios

Mientras tanto, el oficialismo nacional busca impulsar su propia agenda de reducción de impuestos a nivel subnacional. En la Ciudad de Buenos Aires, legisladores de La Libertad Avanza propusieron eliminar el impuesto a las patentes para vehículos con más de 15 años y modificar el esquema del ABL.

En la provincia de Buenos Aires, dirigentes libertarios impulsan un plan para eliminar o reducir más de 270 tasas municipales en distintos distritos. La iniciativa apunta a simplificar trámites y aliviar la carga tributaria sobre pymes, comercios y productores. Entre los ejemplos mencionados aparecen tributos considerados poco relevantes o directamente “insólitos”, como tasas creadas durante la pandemia que aún continúan vigentes.

La construcción política detrás de las reformas

La agenda libertaria en provincias y municipios también se articula a través de espacios vinculados al oficialismo. La Fundación Faro, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, impulsó la creación del llamado Consejo de la Libertad, integrado por referentes políticos de distintos territorios. La iniciativa busca promover reformas económicas en los niveles provincial y municipal.

El consejo está presidido por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y una figura cercana al ministro de Economía, Luis Caputo. Desde ese ámbito se espera impulsar propuestas orientadas a reducir impuestos locales y simplificar regulaciones. Para el oficialismo, estas iniciativas podrían funcionar como una vía alternativa mientras no existan condiciones para un acuerdo fiscal de alcance nacional.