La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal Sebastián Argibay de la causa en la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión introduce un escenario de fuerte incertidumbre sobre el futuro del expediente, que incluso podría salir de Santiago del Estero.

El desplazamiento del magistrado se produjo tras una recusación impulsada por el fiscal de la causa, Pedro Simón, quien cuestionó su imparcialidad. Según consta en el expediente, Argibay habría tenido un vínculo previo con Toviggino a partir de una operación inmobiliaria: la venta de una finca valuada en alrededor de $200 millones que fue escriturada por una cifra significativamente menor, cercana a los $20 millones.

Ese antecedente fue considerado determinante por la Cámara para apartarlo del caso, en un momento clave de la investigación.

Con Argibay fuera del expediente, la definición sobre el nuevo juez deberá resolverse por sorteo. Sin embargo, la situación se complejiza porque el otro magistrado federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por cuestiones de salud. En este contexto, no se descarta que la causa sea reasignada a otra jurisdicción bajo la órbita de la Cámara Federal de Tucumán, que también actúa como instancia de apelación en Catamarca.

La investigación tiene como eje presuntas maniobras vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y una supuesta red de empresas y operaciones financieras asociadas al entorno de Toviggino, con base en Santiago del Estero. El expediente incluye análisis de movimientos millonarios, estructuras societarias y transferencias que generaron reportes de operaciones sospechosas.

En su dictamen, el fiscal Simón solicitó la detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados, señalados como presuntos testaferros o prestanombres en las sociedades por donde habría circulado el dinero investigado. Al tesorero de la AFA lo apuntó como supuesto jefe de una asociación ilícita.

Uno de los puntos centrales del caso es el flujo de fondos hacia la empresa de seguridad SEGON SRL, vinculada al círculo de Toviggino. Según la fiscalía, el Gobierno de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a esa firma. La compañía había sido adjudicataria de un contrato para brindar servicios en el Hospital Regional Ramón Carrillo por $380 millones anuales, aunque las transferencias comenzaron antes de la formalización del contrato y superaron ampliamente ese monto.

El análisis de cuentas bancarias también encendió alertas. De acuerdo al dictamen, el dinero que ingresaba a SEGON rara vez permanecía más de 48 horas y era rápidamente transferido a otras cuentas. “Funciona como una cuenta puente”, sostuvo el fiscal, al advertir que el mecanismo dificulta rastrear el destino final de los fondos.

Además de transferencias provinciales, la empresa habría recibido dinero de la Municipalidad de Frías y de la propia AFA. En este último caso, se registraron 36 operaciones entre 2024 y 2025, por montos que oscilaron entre los $36 y $62 millones cada una, totalizando más de $1.328 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025, que también menciona al gobernador Gerardo Zamora por un presunto desvío de fondos públicos.

Con el juez apartado, el expediente entra ahora en una etapa decisiva. La designación del nuevo magistrado será clave para definir el rumbo de una investigación que ya impacta de lleno en la estructura del fútbol argentino y que mantiene bajo la lupa a la conducción de la AFA.