La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales alcanzaron un acuerdo salarial con los gremios aceiteros y cerraron un conflicto que se mantenía abierto desde fines de mayo. La nueva paritaria fue firmada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, después de varias semanas de tensión y una ronda de negociación que llegó a extenderse por más de 15 horas. El convenio establece una suba acumulada del 29,5% para todo 2026, con actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor del Indec.

El entendimiento fue comunicado por Ciara-CEC, que destacó que la fórmula acordada se apoya en la evolución mensual de la inflación y en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado. La cámara empresaria sostuvo que el mecanismo permitirá preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar la paz social durante el resto del año. Del otro lado participaron el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

Un acuerdo después de semanas de conflicto

La firma llegó luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes hubieran alcanzado un entendimiento. Ante la falta de acuerdo, empresarios y gremios resolvieron extender el diálogo de manera voluntaria y retomaron las conversaciones en la sede laboral nacional. Finalmente, la negociación quedó cerrada con una pauta anual indexada al IPC.

Según el comunicado de Ciara-CEC, la industria logró que la discusión quedara limitada al aspecto salarial. La entidad remarcó que no prosperaron otros planteos sindicales y que la fórmula final replica la propuesta que el sector empresario venía defendiendo desde el inicio. «Se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros», señaló la cámara.

El texto empresario también sostuvo que el convenio cubre todo 2026 y se basa en el índice de precios del consumidor estimado a partir del REM. «El monto total acumulado es del 29,5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año», indicó Ciara-CEC. La paritaria alcanza a entre 10.000 y 12.000 trabajadores del sector.

El reclamo gremial y la oferta empresaria

El conflicto se había iniciado a fines de mayo, cuando los gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país. La medida fue tomada después de que las empresas ofrecieran un incremento del 0% para ese mes. Los sindicatos reclamaban una suba del 20% retroactiva a mayo y cuestionaban que una actualización atada a la inflación alcanzara para recomponer los salarios.

En ese momento, las organizaciones gremiales señalaban que el salario básico inicial se ubicaba en $2.344.000. Según sus cálculos, la canasta básica del sector llegaba a $2.802.754, por lo que reclamaban una recomposición mayor. La intervención oficial frenó la continuidad del paro mediante la conciliación obligatoria, aunque la discusión siguió abierta hasta la firma del convenio.

Durante el conflicto, Ciara-CEC advirtió sobre el impacto económico de cada jornada de medida de fuerza. La cámara estimó un costo de $160.000 por trabajador por día, equivalente a $960.000 por empleado en una semana. También apeló de manera directa a los trabajadores de base para que impulsaran la aceptación de la propuesta indexada al IPC, a la que definía como la única alternativa viable para proteger los salarios.

Una negociación clave para el complejo agroexportador

La paritaria aceitera se desarrolló en un sector estratégico para el comercio exterior argentino. La industria procesa y exporta cerca del 80% de la soja que produce el país, por lo que cualquier conflicto en plantas y terminales tiene impacto directo sobre la operatoria agroexportadora. El acuerdo salarial busca despejar una fuente de tensión en una actividad sensible para el ingreso de divisas.

La negociación también llegó después de otras medidas que afectaron al complejo exportador. Semanas antes del paro aceitero, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de mejoras en el flete. Según estimaciones empresarias, esas protestas generaron pérdidas de al menos USD 450 millones.

Con el convenio firmado, empresarios y gremios cerraron una pulseada que había escalado por la recomposición salarial y la modalidad de actualización. La pauta del 29,5% indexada al IPC será el marco de referencia para el resto del año. Para las empresas, el acuerdo ordena la previsibilidad operativa; para los sindicatos, queda como resultado de una negociación que comenzó con medidas de fuerza y terminó con una paritaria anual cerrada.