En horas de la mañana, el legislador radical, José Ricardo Ascárate, realizó una denuncia por presuntos abusos sexuales, ocurridos en el instituto Goretti. Según explica el funcionario, «la menor cuenta que fue retirada del Instituto Goretti, por la guardia que se encuentra comprometida, celadores del Instituto Goretti. Luego trasladada a casas particulares donde participan personas identificadas con nombres, mas no con apellidos».

El legislador cuenta que, parte del testimonio de la denuncia lo realiza el abuelo de la menor. También que son dos, y pertenecientes a la misma familia, las involucradas. Una de ellas sufrió abusos desde el año 2020 cuando, a la edad de 11 años, le intentan poner un chip anticonceptivo y la misma se niega. El abuelo de ambas, al retirarlas, constaba mediante médicos privados y en hospitales públicos, las múltiples lesiones por los reiterados abusos sexuales sufridos.

«El delito del cual estamos hablando es abuso sexual agravado, con acceso carnal en distintas oportunidades. Está certificado y comprobado», detalló Ascárate. «La menor está a cuidado del estado, en un dispositivo de cuidado infantil. No está bajo ningún delito, sino con una guarda legal que, por razones familiares, fue quitada por un juez de Familia».

¿Red de trata y prostitución?

Al respecto, durante la entrevista que brindó a la prensa, el legislador fue tajante: «La menor da los nombres de quienes la retiraban; junto con otras en su misma situación, y las llevaban a casa particulares. Evidentemente se trata de una red de trata de prostitución infantil».

«Lo insólito también es que en el año 2022, la menor tiene una restricción de acercamiento, de parte de las autoridades. A ver, estando institucionalizada, tenía una orden de no acercamiento. En la denuncia se realiza la acusación contra tres personas del personal del Goretti», expresó. También dijo que le parecía una obviedad tener que decir que no deberían haber celadores masculinos hombres, en un turno nocturno; en una institución para niñas y adolescentes en estado de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, recordó que presentó una denuncia en el año 2020, hacia el instituto Goretti, por el uso de celdas de aislamiento (propias de prisiones y cárceles), improvisadas en pequeños baños individuales «de 2×1 metros». Con el propósito de castigar por trascurso de 24 y 48 horas, según sus propias palabras.

Polémica por las medidas adoptadas por las autoridades

«Yo no entiendo si la denuncia dice que hay 3 personas involucradas, sólo se hayan apartado a 2», comenzó Ascárate. «La directora Martínez salió, en una actitud amenazante, a decir que todo lo que se realizaba en el instituto era legal -claramente no era legal- y que están tomando las medidas necesarias para proteger al personal». Luego ironizó: «El personal que está siendo investigado por presunto abuso sexual, es defendido por la directora. Yo les pido a todas estas mujeres, que deben ser madres, que actúen como si estas niñas fueran sus hijas. Es lo que esperamos de ustedes como funcionarias.»

Para finalizar, respecto de las respuestas que dieron desde el Estado, diciendo que el uso del chip estaría aceptado desde el punto de vista, que la autonomía es progresiva, Ascárate respondió: «Es verso. El artículo de la Ley de Salud Reproductiva, explica claramente que se permite en menores a partir de los 14 años. Y sí, sólo sí, es necesario, se realiza con el acompañamiento del tutor legal. En este caso, el juez de familia que tomó la guarda de las menores. Y el mismo explica, en la sentencia, que no hay razones para usar un implante», concluyó.