El Gobierno nacional acatará el fallo judicial que ordenó mantener vigente el programa Volver al Trabajo y, en paralelo, avanzará con una apelación para intentar revertir la medida. La decisión implica sostener el esquema de transferencias que alcanza a más de 900 mil beneficiarios, con un ingreso mensual de $78.000, pese al rediseño que había impulsado el Ministerio de Capital Humano.

La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una medida cautelar contra la eliminación del programa. En la práctica, el fallo obliga al Ejecutivo a conservar el plan en su formato actual hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, remarcaron que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”. En ese sentido, sostuvieron que su continuidad “no estaba prevista en los términos originales”.

La cartera explicó que el esquema iba a ser reemplazado por un nuevo sistema enfocado en la formación laboral. “El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, indicaron.

Sin embargo, la decisión judicial alteró ese plan. “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, advirtieron desde el organismo.

En el oficialismo interpretan el fallo como una interferencia en la política pública. Más allá de la disconformidad, confirmaron que cumplirán con la medida mientras avanzan en la apelación.

El conflicto se centra en la reconversión de los planes sociales. Según la visión del Gobierno, el programa Volver al Trabajo había sido concebido como un esquema transitorio para facilitar la inserción laboral. Esa transición quedó interrumpida por la cautelar.

De acuerdo con fuentes oficiales, el rediseño contemplaba reasignar recursos hacia políticas de capacitación y educación. Por un lado, se proyectaba implementar vouchers de formación en distintas provincias. Por otro, financiar la extensión de la doble jornada en escuelas de contextos vulnerables.

En ese marco, desde el entorno de Pettovello sostienen que la resolución no solo frena un cambio administrativo, sino que condiciona el rumbo de la política social. Según esa mirada, obliga a mantener un esquema basado en transferencias directas, en contraste con la estrategia de promover la inserción en el empleo formal.