El Gobierno nacional avanzó con un decreto de amplio alcance que impacta de lleno en el sistema de salud. En una sola norma, prorrogó la emergencia sanitaria por un año más, suspendió la ejecución de juicios fiscales contra prestadores, disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amplió las competencias del Ministerio de Salud en el control de precursores químicos, en un contexto atravesado por el escándalo del fentanilo contaminado.

El texto, firmado en los últimos días de 2025, busca ganar tiempo frente a una deuda histórica que amenaza con desatar una crisis estructural en el sector.

Emergencia sanitaria y una deuda que no explota

La prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 es el eje central del decreto 942/2025. La medida vuelve a postergar la resolución de una deuda acumulada desde la crisis de 2001, que alcanza a unas 5.000 instituciones del sistema de salud —entre clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico— con el ARCA, por aportes y contribuciones patronales, además de impuestos impagos.

Aunque no existe una cifra oficial consolidada, en el sector la definen como “la bomba de la salud”. La preocupación creció en las últimas semanas ante la posibilidad de que, vencida la última prórroga, se habilitaran embargos y medidas cautelares desde enero de 2026.

El plan B del Gobierno para 2026

La emergencia sanitaria había sido incluida en el proyecto de Presupuesto 2026, pero ese artículo quedó dentro del capítulo que no fue aprobado por el Congreso. Frente a ese escenario, el Ejecutivo optó por un decreto que extiende el paraguas normativo.

Según fuentes oficiales, la intención es utilizar 2026 para diseñar un esquema de facilidades impositivas que permita a las empresas de salud reordenar sus pasivos. El objetivo del ministro de Salud, Mario Lugones, es no volver a prorrogar la emergencia cuando se inicie 2027.

En paralelo, el Ministerio de Economía dispuso una medida complementaria: mediante la resolución 2109/2025, el ARCA prorrogó hasta el 31 de julio de 2026 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos contra prestadores del sistema.

La disolución de la ANDIS

El decreto también formalizó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una decisión que ya había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni. El organismo perderá su estatus y pasará a funcionar como una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud.

La norma justifica la medida en una auditoría interna que detectó “irregularidades de gravedad” en contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos y equipamiento de alta complejidad. El decreto advierte que esas fallas comprometieron la eficiencia, la legalidad y el acceso efectivo a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.

Según el texto oficial, la reorganización busca evitar un “riesgo cierto e inminente” para la continuidad de los servicios, en un contexto de fuerte atraso del nomenclador y tensiones crecientes con prestadores y familias.

Fentanilo y control de precursores químicos

El tercer eje del decreto amplía las competencias del Ministerio de Salud en el control sanitario de los precursores químicos. La decisión se produce tras el escándalo del fentanilo contaminado, que derivó en una investigación judicial por la presunta muerte de al menos 124 pacientes.

A partir de ahora, Salud aportará lineamientos técnicos, evidencia toxicológica y epidemiológica al Registro de Precursores Químicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional. Se trata de un cambio relevante en un área que en distintos momentos estuvo bajo la órbita de la Sedronar y luego pasó a Seguridad.

Desde el Gobierno explicaron que la medida apunta a reforzar la trazabilidad, la fiscalización y la prevención de desvíos, para evitar que fallas en los controles deriven en intoxicaciones masivas o productos adulterados que lleguen al sistema sanitario.