El Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) avanzan en una investigación reservada sobre compras de dólares oficiales realizadas en pleno cepo cambiario durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. El foco está puesto en una presunta red integrada por bancos, casas de cambio y operadores financieros, con una operatoria estimada en al menos US$1.400 millones.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal de María Romilda Servini, podría derivar en que el propio Banco Central se presente como querellante, ante la posible comisión de delitos cambiarios, defraudación al Estado o lavado de activos.

Una investigación silenciosa y de alto impacto

Según fuentes vinculadas al expediente, el análisis alcanza a nueve bancos, unas 90 casas de cambio y cerca de 200 personas. A diferencia de otras causas vinculadas a importaciones simuladas, la pesquisa se concentra en operaciones autorizadas para tenencia de dólares y cancelación de préstamos entre privados, en un contexto de fuertes restricciones para el resto de la economía.

El período bajo análisis abarca principalmente 2023, cuando el acceso a divisas estaba fuertemente limitado para sectores productivos y sensibles, como la salud, mientras determinadas entidades financieras obtenían autorizaciones recurrentes para comprar dólares oficiales.

El contraste con la escasez de insumos

En el Banco Central recuerdan que, durante el invierno de ese año, incluso sectores críticos denunciaban faltantes. En octubre de 2023, entidades médicas alertaron públicamente por la escasez de insumos cardiovasculares, en medio de un sistema atravesado por el cepo.

Ese contraste es uno de los ejes que ahora se analizan: mientras hospitales y empresas acumulaban deudas por importaciones, determinadas entidades accedían a dólares oficiales en volúmenes inusuales.

Quiénes autorizaban las operaciones

Durante esos años, las ventas de dólares se canalizaban a través de la denominada “mesa del Banco Central”, dependiente de la Subgerencia de Operaciones. Las decisiones quedaban registradas en los sistemas internos, con firmas y avales administrativos que hoy están siendo revisados.

El BCRA era conducido entonces por Miguel Pesce, con un Directorio que interactuaba de forma permanente con el Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa. Exfuncionarios sostienen que los empleados de carrera ejecutaban órdenes superiores, un punto clave para establecer responsabilidades.

Pesce, consultado por el tema, defendió su gestión y aseguró que se reforzaron controles y se cerraron operadores que incumplieron la normativa. Sin embargo, la investigación apunta ahora a determinar si existió un circuito sistemático de autorizaciones irregulares.

La causa judicial y los nombres bajo análisis

La pesquisa se originó en una denuncia de la UIF, basada en reportes del propio Banco Central, y se centra en compras de dólares realizadas entre enero y octubre de 2023, un período políticamente sensible por las elecciones presidenciales.

El expediente menciona 18 casas de cambio que operaron a través de dos bancos, con movimientos que, según la UIF, “ponen en crisis el origen y la licitud de los fondos”.

Entre los nombres que aparecen figuran operadores financieros vinculados a otras causas, como Elías Piccirillo, relacionado con Sur Finanzas, y directivos de casas de cambio de fuerte actividad en esos meses. También se investigan vínculos societarios, contadores comunes, síndicos y auditores compartidos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura coordinada.

Posible figura de asociación ilícita

Uno de los elementos que analiza la Justicia es la reiteración de vínculos personales y comerciales entre las firmas investigadas. Según fuentes del caso, esa trama podría encuadrarse en una asociación ilícita, si se comprueba que existió una organización estable para acceder a divisas en violación de la normativa vigente.

El fiscal Carlos Stornelli solicitó información adicional y avaló medidas preliminares, entre ellas algunos allanamientos. Sin embargo, la causa avanzó con extrema reserva y sin filtraciones durante más de un año.

El rol del Banco Central

Ahora, el Banco Central evalúa formalizar su participación como querellante, lo que le permitiría aportar documentación interna, ampliar pruebas y empujar la investigación. A diferencia de la UIF —que perdió esa facultad tras cambios normativos en 2024—, el BCRA conserva esa posibilidad.

Fuentes oficiales reconocen que se trata de un tema explosivo, tanto por el volumen de dinero involucrado como por las derivaciones políticas y financieras que podría tener si la causa avanza.