El PAMI denunció ante la justicia federal una maniobra de estafas millonarias basada en órdenes electrónicas falsas, facturaciones irregulares y uso indebido de datos personales de jubilados. La investigación se activó luego de una auditoría profunda iniciada el año pasado, que reveló un sistema de prácticas fraudulentas sostenidas durante años dentro de la obra social más grande del país.

Según confirmaron fuentes oficiales, las irregularidades incluían la confección de órdenes médicas electrónicas cobradas por profesionales que jamás brindaban atención real. Los delitos, que habrían sido cometidos en perjuicio del Instituto y de los afiliados, derivaron en denuncias penales por presunta defraudación contra la administración pública.

Auditorías, fraude sistemático y una estructura expuesta

Las maniobras detectadas requerían planificación y coordinación. De acuerdo con la auditoría, prestadores médicos generaban Órdenes Médicas Electrónicas (OME) para tratamientos inexistentes, cobraban esos servicios y dejaban al afiliado sin atención. Todo, en violación directa de los protocolos de control y trazabilidad.

Desde la conducción actual del PAMI, encabezada por Esteban Leguizamón, remarcaron que el organismo “asumió el compromiso de terminar con la simulación de consultas, la falsificación documental y la vulneración del sistema”. Por esta razón, se activaron denuncias penales y se abrieron sumarios administrativos que podrían derivar en sanciones y suspensión de prestadores.

El esquema, que llevó años en funcionamiento, funcionaba como una estructura paralela dentro del sistema de salud. Las auditorías señalan fallas de control heredadas, áreas con baja supervisión y mecanismos que permitieron que profesionales inescrupulosos actuaran sin consecuencias. Todo ello en un organismo históricamente permeable a estructuras burocráticas y zonas grises donde prosperan irregularidades.

Nuevos controles y trazabilidad reforzada

Ante el diagnóstico, el PAMI implementó una reforma de supervisión. El nuevo sistema incluye monitoreo permanente de umbrales prestacionales, obligatoriedad del turnero digital para todas las atenciones y un esquema actualizado de trazabilidad que cruza información de pacientes, profesionales y prestaciones declaradas.

Según indicaron, el objetivo es “fortalecer la transparencia y racionalizar el gasto sin afectar la continuidad de la atención”. Desde el organismo insistieron en que “cada peso debe llegar al afiliado, no a estructuras de privilegios” que se aprovecharon durante años del descontrol interno.

El fortalecimiento de auditorías apunta también a ordenar el vínculo con los prestadores. Ya hay investigaciones abiertas contra equipos médicos y personal administrativo, y se evalúan sanciones según los casos.