La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una nueva etapa, con 25 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa que indaga supuestos pedidos de coimas y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo.

Fuentes judiciales confirmaron que los operativos buscan celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a personas que habrían sido mencionadas en los primeros teléfonos incautados. Por ahora, no se dispusieron detenciones, aunque la fiscalía no descarta nuevas imputaciones en función de la evidencia que pueda surgir del material secuestrado.

Avance de la investigación

Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), las pericias sobre los dispositivos iniciales revelaron datos que comprometerían a nuevos implicados. A partir de esos indicios, el juzgado amplió el radio de los allanamientos con el objetivo de preservar pruebas antes de que pudieran ser eliminadas o alteradas.

Las sospechas apuntan a un esquema de cobro de sobornos a laboratorios para el otorgamiento de contratos con la ANDIS. De acuerdo con la investigación, se habrían detectado maniobras de direccionamiento en las compras de medicamentos. Especialmente los de alto costo, que la agencia adquiría por fuera de los procedimientos de licitación pública.

El origen del caso

La causa tuvo origen tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exjefe del área de Compras de la ANDIS. En las que se describe una presunta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del Estado. En esos audios, difundidos el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, se mencionaban supuestos vínculos con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ambos integrantes del entorno presidencial.

A raíz de esa publicación, el fiscal Picardi dispuso la transcripción de los audios y ordenó una serie de peritajes técnicos para verificar su autenticidad. Tanto la defensa de Spagnuolo como la ONG Poder Ciudadano pidieron realizar pericias de voz y edición. Mientras que una de las droguerías involucradas solicitó anular los archivos como prueba, pero el juez Casanello rechazó el planteo.

Qué encontró la Justicia

Durante los primeros allanamientos, los investigadores incautaron sumas millonarias en efectivo y accedieron a los registros de ingresos y egresos de varios barrios privados: Isla de Nordelta (donde residen los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (vivienda de Spagnuolo) y El Paso Country Club, en Escobar (domicilio del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini).

También se accedió al contenido de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y al servidor interno de la empresa Suizo Argentina, principal proveedora del organismo. De acuerdo con la investigación, la ANDIS no realizaba licitaciones abiertas, sino que recurría a concursos privados de precios. Lo que habría facilitado discrecionalidad en la adjudicación de los contratos.