El Gobierno nacional redobló la presión para que los ahorristas vuelquen al sistema formal los dólares guardados fuera del circuito bancario. Aunque la Ley de Inocencia Fiscal todavía no fue promulgada ni reglamentada, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a marcar el rumbo y reclamó a los bancos que no pongan obstáculos desde ahora.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo”, lanzó el funcionario en su cuenta de X. En ese mensaje, Caputo apuntó directamente al Banco Nación, al asegurar que su presidente dará la instrucción de cumplir “estrictamente con la ley” y permitir que los ahorristas depositen sus dólares con un único requisito: acreditar la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

Según el ministro, quienes ingresen sus divisas al sistema podrán disponer de ellas de manera inmediata, ya sea para consumo o para ahorro con intereses, “como en cualquier lugar del mundo”. El mensaje fue interpretado como una señal política clara para acelerar la operatoria aun antes de la reglamentación formal de la norma.

Las declaraciones también encontraron respaldo en Juan Pazo, ex titular de ARCA y uno de los técnicos que trabajó en el diseño del régimen. En entrevistas radiales, Pazo remarcó que los bancos no deben exigir documentación adicional y que la única condición es la inscripción al régimen simplificado, al que ya se habían adherido unos 20.000 contribuyentes antes de la sanción de la ley.

Desde el Banco Nación, en tanto, señalaron que la entidad está preparada para atender la demanda en sus más de 700 sucursales y canales digitales, tanto para consultas como para la operatoria vinculada a la disponibilidad de ahorros.

La Ley de Inocencia Fiscal crea el Régimen Simplificado de Ganancias para contribuyentes con ingresos anuales menores a $1000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes. Bajo este esquema, ARCA deja de controlar consumos y bienes, y se concentra únicamente en ingresos facturados y deducciones declaradas.

Además, la norma habilita a realizar compras de autos, inmuebles u operaciones de alto monto sin que esas transacciones queden automáticamente bajo fiscalización, y libera a bancos, escribanos, concesionarias y tarjetas de crédito de la obligación de informar esos movimientos.

La ley también introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, con una fuerte actualización de los montos que definen los delitos fiscales y un mecanismo para extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda, incluso cuando el proceso ya esté iniciado.

Con este esquema, el Ejecutivo busca generar un shock de confianza, acelerar la remonetización en dólares y empujar a los ahorristas a sacar sus divisas del colchón, aun antes de que la normativa esté completamente en vigencia.