En la mañana de hoy, el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos. En ella, se imputó a un joven de 27 años, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Se trata de la causa por el asesinato de Javier Ezequiel Aguilar (28). El hecho de sangre ocurrió el pasado jueves en calle Bolivia al 2.100, en el barrio Juan XXIII, conocido como «La Bombilla». El acusado está señalado como del principal autor por testigos, quienes lo vieron efectuar disparos contra la víctima desde un automóvil gris.

La acusación se formalizó en una audiencia convocada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, que investiga el sangriento episodio. El auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, manifestó en primer lugar las condiciones en que se dio la detención del acusado. Este se entregó a la policía en la noche del viernes último, luego de que no fuera encontrado durante un allanamiento realizado esa misma tarde.

Luego procedió a formular los cargos en su contra y se refirió a las pericias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Entre ellas, el informe preliminar de autopsia, que establece que la víctima falleció como consecuencia de un impacto de bala. También hizo mención de la declaración de diferentes personas que vinculan al imputado con el hecho. Por otro lado, se refirió también a que se hizo efectivo el secuestro de una Volkswagen Suran color gris. El rodado será peritado en los próximos días, para ver si coincide con el del hecho.

Prisión preventiva

Para resguardar la investigación y los fines del proceso, el representante del MPF requirió la prisión preventiva del acusado. En su argumentación, expresó que existen testimonios que indican que el imputado fue visto en el lugar del hecho y que era conocido por circular en el automóvil relacionado con el crimen. También detalló que hay riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, debido a la posible influencia del imputado sobre potenciales testigos. Asimismo, hizo referencia a que todavía no se pudo hallar el arma homicida, por lo que solicitó la medida cautelar de máxima intensidad por el plazo de tres meses, tiempo que consideró necesario para avanzar con el resto de las pruebas.

En su resolución, la jueza interviniente avaló todas las actuaciones e hizo lugar al requerimiento fiscal ordenando el alojamiento del imputado en el servicio penitenciario por el término de 90 días hasta el próximo 30 de octubre.