Cada año, en el mundo se recolectan unos 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos, según la Organización de las Naciones Unidas. De ese total, la Argentina aporta más de 11 millones de toneladas de basura al año. Sin embargo, según alertó el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades de Rosario y Buenos Aires, menos del 10% son tratadas adecuadamente, es decir, unas 10 millones de toneladas.

Esta cifra, según detallaron, es el resultado de un año de relevamiento de información sobre la producción y tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el territorio nacional. Es más, el informe también indicó que solo el 8% de las empresas lo hace de manera eficiente.

“Estos resultados permiten constituir una base para comparar la evolución del índice de tratamiento de residuos y así establecer parámetros de referencia. Para ello se toman como referencia las 47 plantas operativas de tratamiento de residuos. Las mismas se encuentran distribuidas en el territorio de las empresas que forman parte de las dos cámaras empresarias del sector: CAITPA y CATRIES”.

La situación de Argentina

Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES, se refirió a la situación nacional. “Hace un año que, objetivamente, sabemos que la cantidad de residuos que se trata ronda solo el 10%. La situación nos genera mucha preocupación, porque las consecuencias por la contaminación cada vez son más graves”.

Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA destacó que “hay empresas que cumplen con la ley y tratan adecuadamente los residuos, pero como muestra el estudio, son la minoría. Necesitamos un mayor cumplimiento de la ley y, por sobre todo, una mayor conciencia ambiental por parte de las empresas generadoras”.

Tras estos datos y las argumentaciones de los representantes, desde el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades de Rosario y Buenos Aires se expresaron. «Frente a estas alarmantes cifras se está en condiciones de afirmar que el 90% de residuos producidos son volcados de manera ilegal, lo que se convierte en pasivo ambiental para la sociedad que, tarde o temprano, lo termina pagando de diversas formas, ya sea con calidad de vida, salud o con sus impuestos para remediarlos. Resulta incomprensible que en este contexto esta situación no sea prioridad en la agenda política”, concluyeron.