En la semana se espera que se concrete el anuncio, por parte del Ministerio de Economía, de «Puente de Trabajo». Una medida que se llevará adelante por DNU para brindar mayor seguridad jurídica y que busca traspasar destinatarios de programas, planes sociales y empleos nacionales al sector privado.

Esta acción, que fue mencionada el 3 de agosto, tendría su anuncio oficial el miércoles. Según el memo que circula en el entorno del Ejecutivo nacional, los titulares de estos planes, programas y empleos recibirán capacitaciones laborales acorde al tipo de empleo que realizarán. El documento aclara que el plan se mantendría por el periodo de un año con el mismo monto, y que sería acompañado por la diferencia, puesta por el empleador para llegar al sueldo acordado por convenio. Esto tendría como primer objetivo evacuar el temor de algunos miembros de la «economía social» de ingresar al mercado formal por temor a perder el beneficio social, como por ejemplo «trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales”.

Otro beneficio de esta medida, es que quienes tengan un programa social o plan, además de mantenerlo, al cabo de un año podrá optar entre mantener el plan o mantener el trabajo formal con todos los beneficios que incluye un trabajo en blanco, como la indemnización, la obra social, entre otros. En este marco, un segundo objetivo sería lograr la incorporación de al menos 200 mil trabajadores de la «economía social» al sector privado y lograr que las empresas que trabajan con una planta de empleados del 98% lleguen al 100% de su capacidad de empleabilidad.

Competencias de los gobiernos locales respecto a los planes sociales

Esta cuestión que también fue tan controvertida, fue apoyada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien coincide con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de que los planes y programas sociales deben ser auditados por los gobiernos locales mediante sus «unidades de gestión». Estas deben controlar que los beneficiario cumplan con la función acordada, caso contrario se procederá a la baja del plan o programa.

Desde lo político, se habla de un posible acuerdo por parte Massa, Zabaleta y la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero la gran incógnita en esta cuestión sería la reacción de las organizaciones si se concretará en los próximos días esta decisión.