Luego de que el Gobernador Osvaldo Jaldo decidiera sacarla del cargo como titular del Instituto Provincial de la Vivienda, la exinterventora del área, Stella Maris Córdoba, emitió un comunicado y lo publicó en redes sociales. En el mismo asegura que se enteró de su salida a través de los medios de comunicación y que no recibió ninguna comunicación personal al respecto.

Si bien su salida se produjo luego del trunco sorteo de casas del IPV, del que ella no participó por encontrarse en el exterior, en el escrito la exfuncionaria afirma que no fue el motivo de su relevamiento. En ese sentido, asumió la posibilidad de que hayan existido errores en el proceso y sobre su ausencia resaltó que «es de público conocimiento que me encontraba en uso de licencia, autorizada por el Gobernador interino y el Ministro (de Obras y Servicios Público, Fabián Soria)». Al respecto, apuntó: «Ambos conocían mi destino en el exterior y el motivo familiar de mi viaje».

En la continuidad del comunicado, Córdoba habló de su gestión al frente del Instituto y destacó la entrega de 1.500 casas en San Andrés, Lomas de Tafí, Yerba Buena, Trancas y Manantial Sur. También, subrayó la continuidad de las obras de Promeba y la obtención de financiamientp del programa Reconstruir para finalizar Manantial Sur. «Se han licitado y adjudicado en tiempo y forma los proyectos referidos al programa Casa Propia de 3.600 viviendas», escribió la exlegisladora. Y añadió: «Estos y muchos logros fueron compartidos junto al Gobernador interino, como la entrega de la casa número 50.000, junto al Presidente (Alberto Fernández).

Luego de enumerar otras de las acciones concretadas durante su mandato, la exinterventora volvió sobre los motivos de su salida y enfatizó: «No me relevaron por motivos de gestión, me relevaron por una decisión política que el Gobernador interino ya tenía tomada desde el momento en que asumió interinamente la gobernación».

Para terminar, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia sus compañeros del IPV, la militancia de Proyecto Popular, a los trabajadores de la UOCRA, Canillitas, Peones de Taxis, vendedores ambulantes, Vialidad, ATE, entre otros, como así también a «los empresarios de la construcción con los que mantuve la correcta relación que corresponde».