El Gobierno avanzó en Diputados con el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía y dejó planteada una modificación al proyecto: la creación de una comisión bicameral para seguir el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta fue presentada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, durante un plenario de comisiones que estuvo marcado por cruces entre oficialismo y oposición.

“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, explicó la funcionaria. Y agregó: “Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional”.

El oficialismo busca cerrar el dictamen y llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre, en una sesión especial. Antes, las comisiones volverán a reunirse el martes 13 para continuar con el debate.

Uno de los principales puntos de discusión es la decisión del Gobierno de mantener unificado el proyecto. Unión por la Patria insiste en separar el expediente entre un régimen especial para Malvinas y otro apartado referido a Seguridad, Defensa e Inteligencia, mientras que Provincias Unidas prepara un dictamen propio.

Ibarzabal Murphy defendió la estructura de la iniciativa y afirmó: “El Título I es vital para nosotros”. Según explicó, el objetivo es “lograr las herramientas necesarias que fortalezcan y le den cuerpo a las relaciones diplomáticas para que no queden en palabras”.

La funcionaria también fue consultada por el régimen de desistimiento incluido en el proyecto y rechazó que implique una amnistía para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. “El régimen de desistimiento bajo ningún concepto quiere beneficiar a las ilegítimas licenciatarias que han tenido intervención en las Islas Malvinas”, aseguró. Luego agregó: “Es muy necesario poner incentivos en lugares correctos”.

Durante su exposición, cuestionó además la Ley 26.659, vigente desde 2011. Sostuvo que “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, que “no prevé delitos vinculados a la pesca” y que “es demasiado vaga”.

La funcionaria resumió los objetivos del nuevo régimen en tres puntos: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos de manera ilegal; incentivar el cese de esas conductas, y dotar al Estado nacional para proteger ante las amenazas externas”.

El proyecto también incorpora modificaciones en áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad, además de establecer nuevas herramientas para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y otros territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

El debate generó fuertes cuestionamientos de la oposición. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo: “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”. Además, volvió a reclamar la presencia del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Desde Unión por la Patria, el exministro de Defensa Agustín Rossi anticipó que, si la iniciativa obtiene la aprobación de Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar a esto”, en referencia al tratamiento posterior en el Senado.

La tensión también quedó expuesta durante la intervención de la diputada Florencia Carignano. En medio de interrupciones, le preguntó a Ibarzabal Murphy: “¿Secretaria, podría escuchar lo que estoy diciendo?”. Luego reclamó: “A ver si se calla el decorado, hay como un cotorrerío que está molestando”.

La diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado respondió: “Está escuchando atentamente. El hecho de que vengan diputados, se paran adelante nuestro, eso complica… pero que sigan hablando no es coartar el uso de la palabra. Que sus preguntas fueran concretas ayudaría mucho”.

Carignano también cuestionó al presidente Javier Milei y su posición sobre Malvinas. “Es poco creíble el ataque de la pasión malvinera que le agarró a Milei, que se declaró admirador de (la exprimera ministra británica) Margaret Thatcher. Quedaron muy expuestos con el tema de la bandera de Malvinas y tuvieron que inventar este proyecto, que habla de soberanía”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la exposición oficial fue el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en las islas. Ibarzabal Murphy advirtió sobre “los desarrollos de proyectos hidrocarburíferos en las cuencas norte y sur, a partir de licencias otorgadas por el gobierno isleño, otorgadas por ocupantes de un territorio argentino, para la exploración y explotación de nuestros recursos”.

Según la funcionaria, “el otorgamiento de estas licencias consolida un andamiaje jurídico que favorece a los ocupantes de las Islas Malvinas” y “estos avances dañan” el reclamo argentino de soberanía.

En ese contexto, mencionó de manera directa al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y lo definió como un “punto de quiebre”. “Hace muy poco surgió un quiebre en lo que venía sucediendo. Por primera vez el proyecto Sea Lion, un proyecto que se está desarrollando en las islas, tomó la decisión para concretar en los próximos meses la explotación petrolera”, explicó.

“Es fundamental hacer foco porque de no ser exitosos avanzarán otros proyectos y se están explotando recursos hidrocarburíferos y pesqueros”, agregó. También destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur, al que definió como “la puerta natural a la Antártida y el paso entre el océano Atlántico y el Pacífico”.

El Gobierno busca ahora avanzar con el dictamen durante las próximas reuniones de comisión para llegar al recinto el 21 de octubre. La oposición, en tanto, mantiene sus cuestionamientos sobre el alcance de la iniciativa y reclama modificaciones antes de su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados.