La Ley 27.801 entrará en vigencia el 5 de septiembre y reemplazará el régimen penal de menores establecido en 1980. La norma reduce de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede responder penalmente por la comisión de un delito, cambiando la imputabilidad. Su aplicación alcanzará a todo el país y modificará la forma en que fiscales y jueces deberán intervenir ante hechos protagonizados por jóvenes de 14 y 15 años.

El sistema anterior se encontraba regulado por el decreto ley 22.278, aprobado durante la última dictadura militar. Esa normativa permitía una amplia discrecionalidad judicial y distinguía entre delitos según la edad del acusado y la pena prevista. Para las conductas con sanciones menores, la responsabilidad penal recién comenzaba a los 18 años.

El nuevo régimen incorpora garantías procesales específicas y establece que las respuestas judiciales deberán adecuarse a la gravedad del hecho. La privación de la libertad queda reservada para los casos más severos, mientras que para otros delitos se priorizan medidas educativas, reparación del daño y seguimiento del adolescente. La ley también impide imponer prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de encierro.

Cómo se dividen los delitos y qué sanciones contempla la ley

Para los delitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, el juez deberá sustituir el encierro por medidas alternativas. Entre las posibilidades aparecen la amonestación judicial, las tareas comunitarias, la reparación económica, el monitoreo electrónico y las restricciones para acercarse a la víctima. También podrán disponerse prohibiciones para conducir, salir del país o asistir a determinados espacios.

El adolescente quedará igualmente sometido a un proceso penal juvenil y deberá cumplir las condiciones establecidas por la Justicia. La intervención podrá incluir acompañamiento familiar, continuidad educativa y programas destinados a trabajar sobre las consecuencias del hecho. El incumplimiento de las obligaciones impuestas podría modificar la respuesta judicial.

En los delitos con penas de entre tres y diez años, el juez tendrá la posibilidad de aplicar medidas alternativas cuando no se haya producido una muerte ni una afectación física o psicológica grave. Para tomar esa decisión deberá considerar evaluaciones profesionales, la posición del fiscal, los antecedentes del adolescente y la opinión de la víctima. Si esas condiciones no se cumplen, podrá ordenar alguna modalidad de privación de la libertad.

Cuando la pena prevista supere los diez años, el hecho haya causado una muerte o exista violencia grave, la sustitución deja de estar disponible. La respuesta podrá consistir en arresto domiciliario, alojamiento en un instituto abierto o detención en un establecimiento especializado. Los adolescentes deberán permanecer separados de las personas adultas privadas de su libertad.

Peleas, documentos falsos y amenazas pueden abrir una causa

Los abogados penalistas Juan Ignacio Pascual y Cristián Cúneo Libarona advirtieron que el cambio también alcanzará a conductas que con frecuencia son consideradas simples actos de indisciplina. Una pelea grupal, el uso de un documento adulterado, la difusión de imágenes íntimas o una amenaza realizada desde un teléfono pueden encuadrar en delitos previstos por el Código Penal. La calificación final dependerá de las circunstancias, las pruebas y el daño causado en cada caso.

Una agresión que provoque lesiones graves puede quedar comprendida en el artículo 90 del Código Penal, que establece penas de uno a seis años. Si la víctima muere, el hecho puede ser investigado como homicidio y pasar a la categoría de los delitos más severos. Bajo el nuevo régimen, un adolescente de 14 o 15 años podría recibir una sanción privativa de la libertad, con el límite máximo de 15 años.

La falsificación o utilización de un DNI para ingresar a un boliche también puede dar lugar a una investigación. Los artículos 292 y 296 establecen penas de entre tres y ocho años cuando se adultera o utiliza un documento destinado a acreditar la identidad. La finalidad de acceder a una fiesta no elimina la posible responsabilidad por el uso del documento falso.

La tenencia y difusión de material sexual que involucre a menores de edad aparece entre los ejemplos señalados por los especialistas. El artículo 128 contempla sanciones diferentes para la posesión y para la distribución, publicación o facilitación de esas imágenes. El reenvío dentro de un grupo de mensajería puede derivar en el secuestro de dispositivos y en una investigación sobre todas las personas que participaron de la circulación.

Los contactos físicos de carácter sexual sin consentimiento pueden ser investigados como abuso sexual simple. Pedir imágenes íntimas a través de redes o aplicaciones también podría quedar comprendido en figuras como el grooming o en delitos relacionados con material sexual infantil, según las edades, la intención y las circunstancias. Los abogados remarcaron que las relaciones entre adolescentes no quedan automáticamente fuera del análisis penal.

Las amenazas de bomba, tiroteos o ataques destinadas a suspender clases pueden encuadrar en intimidación pública. El artículo 211 prevé penas de dos a seis años cuando una falsa alarma provoca temor o moviliza a las fuerzas de seguridad. A las consecuencias penales para el adolescente podrían sumarse reclamos civiles por los gastos y daños causados durante el operativo.

Reparación del daño y salidas alternativas

La ley permite que determinados procesos terminen sin una condena cuando el delito no pertenece a la categoría de los más graves. El fiscal podrá aplicar criterios de oportunidad, promover una mediación o aceptar la suspensión del juicio a prueba. La continuidad educativa, las tareas comunitarias, el tratamiento profesional y la reparación a la víctima pueden formar parte de esos acuerdos.

Si el adolescente cumple con todas las condiciones, el expediente podrá cerrarse sin llegar a una sentencia condenatoria. El objetivo declarado del régimen es reducir la reincidencia y favorecer la reintegración social, además de establecer una respuesta frente al delito. La participación de la familia y de los equipos especializados tendrá un papel relevante en ese proceso.

Pascual y Cúneo Libarona comenzaron a ofrecer charlas en escuelas para explicar los alcances de la nueva legislación. Los encuentros buscan que los adolescentes conozcan las consecuencias que pueden tener acciones realizadas por presión grupal, enojo o desconocimiento. Los especialistas sostienen que la prevención deberá acompañar la entrada en vigencia del sistema.

La reducción de la edad de imputabilidad mantiene abierto un debate político, jurídico y social. Sus defensores consideran que el régimen anterior había quedado desactualizado y que la nueva ley combina responsabilidad con medidas educativas. Quienes cuestionan el cambio advierten sobre el riesgo de incorporar de manera más temprana a los adolescentes al sistema penal y reclaman una mayor inversión en prevención, educación e inclusión.

Desde el 5 de septiembre, los hechos atribuidos a jóvenes de 14 y 15 años deberán tramitarse bajo las reglas del nuevo régimen. Las escuelas, las familias, las fiscalías y los organismos de protección tendrán que adaptar sus intervenciones a una normativa que amplía la responsabilidad penal juvenil. La aplicación concreta dependerá de los recursos disponibles, la capacitación de los operadores y las decisiones adoptadas en cada expediente.