El economista Norberto Sosa, integrante del directorio de Invertir en Bolsa (IEB), valoró la presentación del programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, aunque advirtió que su cumplimiento dependerá de la acumulación de reservas y de la confianza de los inversores durante el año electoral. También reclamó una mayor participación del sector privado en el desarrollo del mercado de capitales. «Necesitamos cambiar el chip y dejar de esperar que todo lo haga el Estado», sostuvo.

Sosa consideró que la publicación de las fuentes y necesidades de financiamiento representa una señal de normalización para la economía argentina. A su entender, el documento permite conocer las alternativas que maneja el equipo económico para pagar la deuda y continuar reduciendo el riesgo país. También recordó que la elaboración de estos programas forma parte de las obligaciones establecidas por la Ley de Administración Financiera.

El esquema contempla vencimientos por USD 18.200 millones durante 2026, a los que se agrega una capitalización del Banco Central por USD 1.000 millones. Frente a necesidades totales de USD 19.200 millones, el Gobierno proyecta obtener recursos por USD 22.900 millones. La diferencia dejaría un colchón de USD 3.700 millones para afrontar el año siguiente.

Las reservas y los vencimientos previstos para 2027

Para 2027, las necesidades de financiamiento aumentarían hasta los USD 24.900 millones. El programa incluye compras de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA), refinanciaciones dentro del sector público, préstamos de organismos internacionales y emisiones de deuda. Sosa señaló que el plan resulta viable, aunque algunas fuentes dependerán más del contexto político y financiero.

El Tesoro prevé comprarle USD 4.900 millones al BCRA durante el año electoral. Para que esa operación no reduzca las reservas netas, la autoridad monetaria deberá continuar adquiriendo divisas en el mercado. El economista sostuvo que el objetivo no parece inalcanzable, pero estará condicionado por la situación local y las variables internacionales.

Otro elemento destacado fue la renovación de operaciones REPO por USD 6.000 millones con diez bancos internacionales. Los vencimientos, que originalmente se concentraban entre 2026 y 2027, fueron extendidos hasta septiembre de 2028. Según Sosa, esa operación llevó las reservas netas por encima de los USD 10.000 millones y redujo las dudas sobre el cumplimiento de las metas previstas.

El especialista también respaldó la decisión de analizar el regreso a los mercados internacionales según el costo disponible. Explicó que el Gobierno no descartó emitir deuda en el exterior, pero priorizará las alternativas más convenientes. Como referencia, mencionó colocaciones locales realizadas a tasas inferiores o cercanas al 8% anual.

Por qué persisten las dudas sobre la deuda argentina

Sosa atribuyó parte de la cautela de los inversores al historial argentino de incumplimientos. La reputación financiera del país, afirmó, todavía pesa sobre las decisiones de los administradores de fondos internacionales. También recordó que la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, por lo que dispone de un margen limitado para recurrir nuevamente al organismo como prestamista de última instancia.

Aunque las reservas brutas y netas mejoraron, todavía resultan reducidas frente al tamaño de la economía según las métricas que utilizan varios fondos. Entre los indicadores observados aparece la relación entre reservas brutas y Producto Bruto Interno. Esa comparación continúa ubicando al país por debajo de otros mercados emergentes.

El economista también evaluó la posibilidad de nuevos períodos de desanclaje de las expectativas inflacionarias. Sostuvo que esos movimientos pueden aparecer durante episodios de tensión política o financiera, aunque los consideró transitorios mientras se mantenga la disciplina fiscal y monetaria. La demanda real de dinero, los salarios y el crédito serán algunas de las variables que determinarán la estabilidad del mercado de pesos.

Las diferencias entre el MSCI y el índice de JP Morgan

Sosa aclaró que la decisión de MSCI de mantener a la Argentina dentro de la categoría standalone afecta principalmente a las acciones. La ausencia de una revisión favorable limita la llegada automática de capitales destinados a mercados emergentes. En cambio, los bonos soberanos argentinos continúan incluidos en el índice de deuda emergente elaborado por JP Morgan.

La deuda argentina representa alrededor del 3,46% de ese indicador y cuatro títulos nacionales figuran entre sus principales posiciones. Por ese motivo, el programa financiero puede beneficiar de manera más directa a los bonos al mejorar la percepción sobre la capacidad de pago. Una reducción del riesgo país también puede favorecer de forma indirecta a las acciones, especialmente a las del sector bancario.

Para ampliar el mercado de capitales local, Sosa consideró necesario desarrollar una mayor base de inversores institucionales. Señaló que la desaparición de las AFJP diferencia a la Argentina de otros países de la región. También reclamó nuevos instrumentos que conecten el ahorro privado con empresas y proyectos productivos.

El pedido de mayor iniciativa privada

El directivo de IEB sostuvo que las empresas deben prepararse para transformaciones vinculadas con la tecnología, la demografía y los cambios en los mercados globales. Reconoció que muchos empresarios buscan adaptarse, aunque encuentran como obstáculo un sistema financiero pequeño y con dificultades para expandir el crédito. Las tasas para las compañías bajaron, pero el financiamiento para las familias continúa en niveles elevados.

Sosa destacó herramientas como el descuento de cheques, pagarés, obligaciones negociables y nuevos vehículos inmobiliarios. Sin embargo, planteó que los actores del mercado deben abandonar una lógica limitada a las operaciones de corto plazo. A su juicio, el desafío consiste en diseñar alternativas que acerquen de manera directa a los inversores con la economía real.