El periodista salvadoreño Óscar Martínez cuestionó la política de seguridad de Nayib Bukele y aseguró que el presidente construyó un esquema de poder concentrado sin una orientación ideológica estable. Desde su experiencia como investigador de las pandillas y jefe de redacción de El Faro, sostuvo que la reducción de la violencia estuvo acompañada por detenciones arbitrarias, torturas y la pérdida de garantías judiciales. Sus críticas forman parte del libro Bukele, el rey desnudo, presentado durante una visita a Buenos Aires.

Martínez vive exiliado en México después de investigar durante años al Gobierno salvadoreño. Según explicó, Bukele interpretó el desgaste de los partidos tradicionales y se presentó como un dirigente ajeno a la política, pese a que había iniciado su carrera dentro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. «Nunca tuvo un plan ideológico ni de país», afirmó el periodista, quien describió al mandatario como un dirigente capaz de cambiar de orientación según sus necesidades de poder.

Del acercamiento con las pandillas al régimen de excepción

El periodista aseguró que Bukele mantuvo durante años acuerdos con las pandillas antes de adoptar una política de enfrentamiento directo. Según su reconstrucción, esos contactos permitieron reducir los homicidios y garantizar apoyos electorales en barrios controlados por las maras. La ruptura se habría producido después de una masacre ocurrida en marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas durante un fin de semana.

A partir de ese episodio, el Gobierno instauró un régimen de excepción que amplió las facultades de policías y militares. Martínez sostuvo que la medida eliminó garantías básicas y permitió detener personas sin pruebas suficientes. En documentos obtenidos por El Faro, algunas acusaciones se limitaban a señalar que el detenido «mostró nervios» o consignaban únicamente su número de identidad.

El periodista afirmó que el control del Poder Judicial y de la Fiscalía impidió revisar miles de detenciones. Según su testimonio, los agentes recibieron presión para cumplir con el objetivo político de llenar las cárceles y capturar a todos los supuestos integrantes de pandillas. Ese mecanismo habría afectado tanto a criminales como a personas inocentes.

Calles más seguras y derechos anulados

Martínez reconoció que la violencia disminuyó y que muchas comunidades dejaron de vivir bajo el dominio cotidiano de las maras. Sin embargo, advirtió que ese resultado no puede separarse de las detenciones arbitrarias y de la imposibilidad de reclamar ante el Estado. «Ojalá te toque el buen lado», expresó al referirse a quienes defienden el modelo salvadoreño por sus resultados en seguridad.

El investigador sostuvo que el sistema funciona como una «moneda al aire» para las familias. Quienes ya no tienen pandillas en sus barrios pueden percibir una mejora, mientras otras personas enfrentan la detención de familiares inocentes sin acceso a jueces, fiscales o tribunales independientes. Para Martínez, ambos escenarios forman parte del mismo esquema político.

También rechazó la idea de que la concentración absoluta de poder sea la única respuesta posible frente al crimen organizado. Afirmó que la policía salvadoreña conocía la identidad y los movimientos de los principales miembros de las pandillas, por lo que podía avanzar mediante investigaciones legales y tareas de inteligencia. Según planteó, Bukele contaba con apoyo suficiente para fortalecer las instituciones, pero eligió reemplazarlas por un sistema dependiente de su autoridad personal.

Una construcción de poder sin contrapesos

Martínez vinculó la política de seguridad con una estrategia más amplia de control institucional. Señaló que el presidente utilizó su popularidad para someter a la Justicia, debilitar a la Fiscalía y reducir los mecanismos de control sobre el Ejecutivo. Ese proceso, aseguró, convirtió la lucha contra las pandillas en la principal justificación para consolidar un poder unipersonal.

El periodista también cuestionó las decisiones económicas del Gobierno salvadoreño. Mencionó la adopción del bitcoin como moneda legal y el posterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como ejemplos de cambios sin continuidad programática. A su entender, Bukele ejecuta cada medida con determinación, aunque carece de un proyecto sostenido de desarrollo nacional.

Para Martínez, la experiencia latinoamericana demuestra que la concentración del poder suele producir consecuencias negativas a mediano plazo. El investigador insistió en que la reducción del delito puede lograrse dentro de un sistema democrático, con fuerzas de seguridad profesionales y controles judiciales efectivos. Su advertencia apunta a evitar que el modelo salvadoreño sea presentado como una solución exportable sin considerar sus costos humanos e institucionales.