La Cámara Federal porteña ordenó producir una serie de medidas solicitadas por la defensa de Alberto Fernández en la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez. El tribunal rechazó el pedido para anular el expediente, pero le encomendó al juez Daniel Rafecas reunir las pruebas pendientes y revisar posteriormente el procesamiento del expresidente. La decisión podría extender los plazos antes de una eventual elevación a juicio.

Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah consideraron que durante la instrucción, inicialmente conducida por el juez Julián Ercolini, no se realizaron diligencias relevantes para evaluar la acusación. Una vez incorporados esos elementos, Rafecas deberá volver a analizar la situación procesal de Fernández. El magistrado podría confirmar, modificar o revocar el procesamiento de oficio.

Testigos y una nueva evaluación de la lesión

La defensa, representada por Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, pidió convocar a las personas que viajaron con Yañez a Misiones el 23 de junio de 2021. Los abogados buscan determinar si los acompañantes observaron una lesión en su rostro, qué características tenía y qué explicación brindó entonces la ex primera dama. Según la denuncia, el viaje ocurrió pocas horas después de uno de los episodios investigados.

También solicitaron volver a citar a los médicos Walter Saavedra y Leandro Alem, integrantes de la Unidad Médica Presidencial. Ambos habían declarado que observaron la lesión ocular de Yañez, pero la defensa pretende que precisen si podía ser compatible con un golpe accidental, una agresión o algún tratamiento estético. El pedido incluye además una pericia médica específica sobre el origen y la antigüedad del hematoma.

El estudio deberá evaluar si las imágenes incorporadas al expediente permiten establecer cómo se produjo la lesión. La defensa propuso analizar posibles vínculos con un golpe, aplicaciones de plasma rico en plaquetas, inyecciones de peptonas u otros procedimientos. El juez deberá decidir qué puntos resultan pertinentes y qué especialistas participarán.

El análisis de los informes psicológicos y los chats

Fernández pidió que declaren las psicólogas María Laura Yacobino y María Virginia Salguero, integrantes de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. Ambas elaboraron un informe utilizado durante la investigación. La defensa también solicitó citar a la psiquiatra Blanca Huggelmann, autora de otro documento presentado por la querella.

Otra de las medidas apunta a realizar una nueva extracción y revisión de las conversaciones entre Fernández y Yañez. Parte de los mensajes incorporados al expediente provino de archivos almacenados en una computadora y no directamente de los teléfonos originales. Los abogados sostienen que un nuevo peritaje permitiría verificar la autenticidad, integridad, fecha y contexto de los chats, además de detectar posibles ediciones o eliminaciones.

El fiscal Ramiro González había calificado estos pedidos como «absurdos» y «dilatorios». Para el representante del Ministerio Público, la investigación se encontraba concluida y en condiciones de llegar a juicio. La Cámara, sin embargo, entendió que las medidas debían ser evaluadas y producidas antes de cerrar definitivamente la instrucción.

Las acusaciones que enfrenta el expresidente

El requerimiento fiscal de elevación a juicio, presentado en agosto de 2025, atribuyó a Fernández dos episodios de violencia física, maltratos psicológicos sostenidos y amenazas coactivas. Según la acusación, entre el 21 y el 22 de junio de 2021 habría golpeado a Yañez en el rostro dentro de la Quinta de Olivos. También se le imputa haberla zamarreado en otro episodio ocurrido antes del 12 de agosto de ese año, causándole lesiones en un brazo.

La fiscalía sostiene además que existieron agresiones psicológicas entre 2016 y agosto de 2024. El expediente incluye la hipótesis de que el exmandatario habría presionado a su expareja para evitar una denuncia, aprovechando su situación emocional y económica después de su mudanza a Madrid. González calificó esa conducta como un acto de «terrorismo psicológico».

Fernández negó las acusaciones y sostiene que las nuevas pruebas permitirán refutar los hechos atribuidos. La revisión ordenada por la Cámara no implica que el procesamiento haya quedado sin efecto. Su continuidad dependerá de las conclusiones que extraiga Rafecas después de completar las medidas pendientes.