La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un importante respaldo judicial luego de que la Cámara Nacional en lo Civil avalara el traslado de su sede social a Pilar y dejara sin efecto la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la entidad.

La resolución también declaró nula la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia, una medida que había sido adoptada tras denuncias por presuntas irregularidades en los procesos administrativos de la institución que conduce Claudio Tapia.

Con este fallo, la AFA consolidó el cambio de jurisdicción aprobado en una asamblea realizada durante 2024. A partir de ahora, la fiscalización y el control legal de la entidad quedarán bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y no de la IGJ, organismo con competencia en la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad había cuestionado la designación de veedores al considerar que se trataba de una medida ilegítima y con motivaciones políticas. En su presentación judicial sostuvo que la intervención de funcionarios externos afectaba la autonomía institucional de la organización.

Qué resolvió la Cámara Civil

Los jueces determinaron que la inscripción de la AFA en la jurisdicción bonaerense quedó plenamente consolidada tras el traslado de la sede social a Pilar. En consecuencia, entendieron que la IGJ ya no tenía competencia para ejercer funciones de fiscalización sobre la asociación.

El fallo señaló que la Inspección General de Justicia avanzó sobre atribuciones que corresponden a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, organismo que posee las mismas facultades de control dentro de su territorio.

Además, los magistrados remarcaron que los actos administrativos emitidos por autoridades provinciales tienen plena validez mientras no sean impugnados por las vías correspondientes, por lo que el cambio de domicilio de la AFA mantiene todos sus efectos legales.

La decisión representa un triunfo institucional para la conducción encabezada por Tapia, que desde hace meses mantenía una disputa con la IGJ por el control y la supervisión de la entidad.

Con la sentencia, la Justicia dejó sin efecto la resolución que había impulsado la designación de veedores y confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino continuará bajo la fiscalización de las autoridades bonaerenses.