La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó un planteo de Julio De Vido para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de una causa derivada del caso Odebrecht. El expediente investiga presuntos sobornos vinculados con las obras de ampliación de los gasoductos TGS y TGN entre 2006 y 2008. La defensa del exministro de Planificación Federal había señalado una supuesta «pérdida de imparcialidad» de la magistrada durante la instrucción.

El camarista Martín Irurzun desestimó el planteo y sostuvo que la recusación no puede utilizarse para separar a un juez solo porque sus decisiones no favorecen a una de las partes. En su resolución, remarcó que discrepar con el rumbo de una investigación no alcanza para justificar el apartamiento de una magistrada. Con esa decisión, Capuchetti continuará al frente del expediente.

La causa derivada de Odebrecht

El caso forma parte de un desprendimiento de la investigación principal por las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicadas a la empresa Odebrecht. En este tramo se analiza el supuesto pago de USD 25 millones a través de la División de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña. Esa estructura fue señalada en distintos países como el mecanismo usado para canalizar sobornos.

La defensa de De Vido sostiene que la causa estaría prescripta porque el delito de cohecho habría ocurrido entre 2004 y 2006. Según ese argumento, pasaron casi dos décadas desde los hechos investigados y se habría superado el plazo máximo previsto por la pena aplicable. Esa discusión seguirá dentro del expediente, pero no modificó la intervención de Capuchetti.

La Cámara Federal porteña ya había anulado los sobreseimientos de De Vido y de otros exfuncionarios y contratistas. Esa decisión llegó después de una apelación de la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante. El organismo pidió revisar una resolución previa del juez Daniel Rafecas, quien había considerado que el objeto de esta pesquisa coincidía con otro tramo del caso Odebrecht.

Los otros investigados

Además de De Vido, en el sumario aparecen involucrados el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el exsubsecretario Bautista Marcheschi y representantes de Cammesa. Entre ellos figuran Cristian Folgar, Luis Beuret y Julio Bragulat. La investigación busca determinar si existió un circuito de pagos ilegales asociado a contrataciones públicas durante la ampliación de los gasoductos.

El expediente llegó a manos de Capuchetti después de que Rafecas elevara a juicio oral el tramo principal sobre presuntas irregularidades en la contratación. El remanente vinculado con el supuesto pago de coimas fue enviado a sorteo y quedó en el juzgado de la magistrada. La recusación rechazada buscaba apartarla de esa instrucción.

El juicio oral por la causa principal

La causa original por las obras de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur se encuentra en juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2. En la etapa de alegatos, el fiscal Diego Luciani pidió para De Vido una condena de cuatro años de prisión. Lo acusó como partícipe necesario de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Luciani también solicitó cuatro años de prisión para Daniel Cameron. Para Cristian Folgar y Luis Beuret pidió tres años y seis meses, mientras que reclamó la absolución de Julio Bragulat al considerar que su participación no fue acreditada durante el debate. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de sus representados y sostuvieron que actuaron dentro de las normas vigentes durante la emergencia energética.