Las empresas de colectivos de larga distancia salieron a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de eliminar el régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) aseguraron que el Estado mantiene una deuda acumulada superior a los $27.000 millones y denunciaron que el conflicto ya se encuentra judicializado.

La polémica se produjo luego de que la Secretaría de Transporte oficializara, mediante la resolución 28/2026, el fin del esquema de subsidios que compensaba parcialmente a las compañías por la entrega de boletos gratuitos contemplados en las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Según las empresas, el Gobierno dejó de realizar pagos en noviembre de 2024, aunque las compañías continuaron otorgando el beneficio por obligación legal. Desde CELADI remarcaron que actualmente se entregan más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año y sostuvieron que el sistema se volvió económicamente insostenible sin asistencia estatal.

“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen absorbiendo una carga que históricamente era compensada por el Estado”, señalaron desde la entidad empresaria.

El conflicto escaló luego de que el Juzgado Federal interviniente declarara el incumplimiento del Estado y aprobara una primera liquidación de deuda por $8.753 millones, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Sin embargo, desde la cámara afirmaron que ese monto representa solo una parte de la deuda total acumulada.

Las empresas aclararon que no cuestionan el derecho de las personas alcanzadas por las leyes vigentes a viajar gratuitamente, aunque consideraron contradictorio que el Gobierno haya desregulado el sistema y, al mismo tiempo, mantenga la obligación de cubrir esos boletos sin compensación económica.

Pese a la eliminación del fondo compensador, el Ejecutivo ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos continuarán teniendo garantizado el acceso gratuito a los servicios de larga distancia.