José López declaró en el juicio por la causa Cuadernos y negó haber integrado una asociación ilícita durante su paso por la función pública, al tiempo que cuestionó las condiciones en las que decidió acogerse al régimen de arrepentido en 2018. El exsecretario de Obras Públicas sostuvo que su testimonio se dio en un contexto de “aislamiento y vulnerabilidad”.

Ante el Tribunal Oral Federal N°7, el exfuncionario afirmó que solo formó parte de “un gobierno legítimo y elegido por el pueblo” y rechazó haber sido parte de una estructura delictiva. En esa línea, también desligó a Cristina Fernández de Kirchner y a Julio De Vido de ese rol: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita”, aseguró.

López explicó además que el temor que mencionó en su declaración original no estaba vinculado a cuestiones judiciales sino al ejercicio de la gestión. “Tenía miedo de hacer mal mi trabajo o perderlo”, afirmó, al referirse a su vínculo con la entonces presidenta.

En su exposición, el exfuncionario también buscó justificar su accionar dentro del Estado. Señaló que muchas decisiones se tomaban con respaldo de áreas técnicas y jurídicas, lo que —según sostuvo— le daba tranquilidad respecto de la legalidad de los procedimientos. Al mismo tiempo, insistió en que el ritmo de la gestión podía dificultar la percepción de eventuales irregularidades.

Con su declaración, López cerró la etapa de indagatorias junto a otros imputados. El proceso avanzará ahora hacia una fase clave con la convocatoria de 43 testigos a lo largo de mayo, en una serie de audiencias donde se analizarán los elementos de prueba reunidos durante la investigación.

Entre los citados figuran periodistas, exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas al expediente. Las audiencias comenzarán el 5 de mayo con integrantes del equipo periodístico que accedió a los cuadernos originales y continuarán durante todo el mes con distintos protagonistas del caso.

La causa se originó a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, que describen un presunto sistema de recaudación ilegal de fondos a empresarios a cambio de contratos de obra pública. La acusación sostiene que existió un mecanismo sostenido durante años dentro del Estado, una hipótesis que ahora deberá ser contrastada en esta nueva etapa del juicio.