El expresidente Alberto Fernández sufrió un nuevo revés judicial en la causa por violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yañez. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el planteo de nulidad presentado por su defensa y dejó el expediente en condiciones de ser elevado a juicio oral.

La decisión implica un punto de inflexión en el proceso. El magistrado desestimó el intento de invalidar gran parte de la investigación y convalidó todo lo actuado hasta ahora, lo que allana el camino para que un tribunal oral avance sobre las acusaciones.

La causa ya había sido impulsada por el fiscal Ramiro González, quien dio por cerrada la etapa de instrucción y solicitó el envío a juicio. El exmandatario está acusado de lesiones y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género.

La estrategia de la defensa apuntaba a cuestionar la actuación del juez Julián Ercolini, quien intervino en una etapa clave del expediente antes de ser apartado. Bajo ese argumento, se pidió la nulidad de las actuaciones, invocando una supuesta parcialidad y el principio del “fruto del árbol envenenado”. También se buscaba anular el procesamiento dictado en 2025 y el embargo económico.

Rafecas rechazó todos esos planteos. En su resolución, explicó que el apartamiento de Ercolini “se produjo exclusivamente a los efectos de disipar temores de parcialidad” y no implica que la investigación haya sido irregular. Además, advirtió que retrotraer la causa generaría “un desgaste jurisdiccional innecesario” y afectaría la celeridad del proceso.

El fiscal González ya había ido en la misma línea al sostener que la nulidad “debe ser un remedio extremo” y que no corresponde aplicarla sin un perjuicio concreto. También remarcó que, en casos de violencia de género, no es adecuado retroceder en el proceso, criterio que fue respaldado por el juez.

Según la investigación, Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en una relación atravesada por una fuerte asimetría de poder. El expediente describe un patrón sostenido de violencia psicológica, con episodios de hostigamiento, control, insultos y destrato, además de hechos de violencia física.

La acusación abarca un período amplio, desde al menos 2016 hasta 2024, incluyendo etapas previas a la Presidencia, durante su mandato y también después de dejar el cargo. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento al considerar que existieron múltiples hechos que configuran un cuadro de violencia continuada.

Con este nuevo fallo, la causa queda a un paso del juicio oral, donde se definirán las responsabilidades penales del expresidente. Según la calificación actual, los delitos imputados prevén penas que van de 3 a 18 años de prisión.